A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, cuando buena parte de Colombia apenas comenzaba su semana, la tierra se movió durante segundos que parecieron minutos. El epicentro quedó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La magnitud: 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano. La profundidad: alrededor de 96 kilómetros. El sacudón se sintió en Bogotá, en zonas de Ecuador, en Panamá y en Venezuela.
Los detalles cuentan la historia. Las ciudades más golpeadas fueron Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia. En todas ellas se reportaron edificios colapsados, personas atrapadas entre escombros y hospitales con capacidad desbordada. El balance oficial más reciente, entregado por el presidente Abelardo De la Espriella, contabilizó 111 personas fallecidas y 87 heridas. A eso se suman 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud dañados y 52 centros educativos con afectaciones. Las autoridades advirtieron que las cifras podrían seguir modificándose a medida que avanzan las tareas de evaluación y rescate.
El Servicio Geológico Colombiano informó además que se registraron dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.
De la Espriella declaró la situación de desastre nacional y asumió personalmente la conducción del Puesto de Mando Unificado en Bogotá para coordinar la respuesta de emergencia. La imagen del mandatario al frente de la sala de crisis marcó el tono de las primeras horas: centralización de la información, cadena de mando visible, interlocución directa con los organismos internacionales.
Desde el exterior llegó una de las primeras señales concretas de respaldo. El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció una donación de 500.000 dólares destinada a atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo. Los recursos saldrán de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de la entidad. El organismo precisó que se trata de un primer aporte que podría ir seguido de nuevos instrumentos financieros de apoyo.
«Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas», dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien agradeció a las autoridades colombianas «por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación».
CAF subrayó que su respuesta forma parte de un compromiso histórico de apoyar a los países miembros ante desastres y emergencias, movilizando recursos para la protección de las poblaciones afectadas y los procesos de recuperación posterior. El banco destacó también la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones de manera coordinada.
En el plano político interno, legisladores y analistas pidieron declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, argumentando que «todo el Estado debe estar concentrado» en la respuesta. La declaratoria abriría la puerta a instrumentos presupuestales de excepción para acelerar la reconstrucción.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia enfrenta una emergencia de escala mayor en un momento en que la capacidad institucional del Estado y la velocidad de la respuesta serán juzgadas con lupa. La conducción directa de De la Espriella desde el Puesto de Mando Unificado es una apuesta por la autoridad ejecutiva clara y la rendición de cuentas en tiempo real: exactamente lo que una catástrofe de esta magnitud exige.
La donación de CAF, aunque modesta frente a la dimensión del daño, establece un precedente de coordinación multilateral que el Gobierno deberá capitalizar con rapidez. Lo que viene —reconstrucción de viviendas, rehabilitación de centros de salud y escuelas, reactivación económica de las zonas afectadas— requerirá no solo solidaridad internacional sino reglas claras para la inversión privada, agilidad burocrática y un marco jurídico que no ahuyente los recursos cuando más se necesitan. El reloj corre desde las 7:34 del lunes.
