La escena lo dice todo. Mientras los consolidados oficiales registraban 144 viviendas dañadas en Buenaventura, los recorridos de la Pastoral Social arrojaban reportes comunitarios de más de 600 viviendas con algún tipo de afectación. La brecha entre el dato institucional y la realidad sobre el terreno no es un error de cálculo: es la medida exacta de hasta dónde llega el Estado colombiano en el Pacífico.
El sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió el lunes pasado un territorio donde la presencia gubernamental ya era precaria antes de que la tierra se moviera. Según la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) y el Centro de Estudios Étnicos (CEE), el subregistro en las cifras es una consecuencia directa de que el Estado no ha llegado a numerosas comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas.
Los números que sí se conocen son elocuentes. En Chocó, 29 de sus 31 municipios resultaron afectados. El balance preliminar contabilizaba 14 muertos, 139 heridos, 4 desaparecidos, 10.124 familias damnificadas —143.178 personas—, 468 viviendas destruidas, 38 colegios y 7 centros de salud afectados, además de 6 acueductos dañados. En el territorio de la diócesis de Istmina-Tadó, la Pastoral Social reportó 3 fallecidos, 91 heridos, 8.094 personas afectadas, 1.032 viviendas con pérdida total y 1.431 con afectaciones estructurales, junto a 12 templos, 3 casas curales, 11 centros educativos y 3 casas comunales dañados.
Pero esos datos son los que alcanzaron a salir. El sacerdote Albeiro Parra, director ejecutivo de la CRPC, subrayó ante EL COLOMBIANO la urgencia de verificar la situación de las comunidades rurales: etnias afro e indígena con difícil acceso físico y con grupos armados operando en su territorio. La CRPC es una red de organizaciones étnicas, representantes de la Iglesia católica y ONG de derechos humanos que, a través de sacerdotes y líderes comunitarios, llega donde los estamentos oficiales no alcanzan.
Con base en datos del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el informe señala que casi la totalidad de sus 72 comunidades sufrió graves afectaciones. Las comunidades se distribuyen en los municipios de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura. El colapso de viviendas, la destrucción de escuelas, hogares infantiles, casas comunitarias, puentes, muelles y al menos un centro de atención al adulto mayor componen el inventario de pérdidas.
En Buenaventura, el sismo golpeó con especial fuerza las comunidades rurales de Cajambre, Mallorquín, San Juan, Yurumangui y Bajo Calima. Sobre este último, el informe consigna una alerta territorial sin confirmación oficial: según información comunitaria extraoficial, más del 60% del poblado habría sido destruido o severamente afectado. El dato provisional habla de 1.802 viviendas afectadas —991 con pérdida total y 811 con daños parciales.
Uno de los casos más delicados involucra a 22 familias indígenas del pueblo Wounaan Nonam, 96 personas en total, cuyo albergue colapsó. La Alcaldía de Buenaventura propuso trasladarlas a la galería del barrio Matía Mulumba, pero hace dos años esa misma comunidad tuvo que abandonar ese lugar por amenazas. La segunda opción, el corregimiento Sabaleta, presenta condiciones de inseguridad y riesgo por deslizamiento.
Los detalles cuentan la historia. Una catástrofe natural revela, con precisión quirúrgica, la arquitectura real de un Estado: dónde llega, dónde se detiene y por qué. En el Pacífico colombiano, la respuesta a esas tres preguntas es la misma desde hace décadas: el aparato estatal se frena donde empiezan los grupos armados y donde terminan las carreteras. El gobierno de Petro, que ha hecho de la «paz total» con esas mismas organizaciones armadas su apuesta central, enfrenta ahora la paradoja de que esa política no ha despejado el camino para que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan.
Lo que está en juego no es solo la eficiencia de la respuesta de emergencia. Es la pregunta de fondo sobre si el Estado colombiano tiene voluntad y capacidad de garantizar presencia real —no retórica— en territorios donde la libre empresa, la propiedad y la seguridad básica siguen siendo privilegios de geografía. Mientras el subregistro persista, la magnitud del desastre seguirá siendo, en buena medida, un secreto que el Pacífico guarda por obligación.
