La escena lo dice todo. Familias que ya habían perdido sus tierras por el conflicto armado, que habían rehecho una vida precaria en Cali, Pereira o Armenia, despiertan esta semana sin techo por segunda vez. El terremoto que sacudió a Colombia este lunes no llegó a un país en calma: llegó a uno de los territorios con mayor concentración de desplazados internos del planeta.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) lo dijo sin rodeos en rueda de prensa este viernes. Su portavoz, Byun, advirtió que el organismo apenas ha logrado recaudar el 20% de los 86,2 millones de dólares requeridos para atender a refugiados y desplazados internos en Colombia durante este año. El sismo convirtió ese déficit, ya grave antes del lunes, en una emergencia dentro de la emergencia.
«En algunas de las zonas más castigadas, familias que ya habían sido forzadas a huir de sus tierras se enfrentan hoy al fantasma de perderlo todo una vez más», declaró Byun ante la prensa.
Las necesidades inmediatas son las más básicas: refugio, alimentos, agua potable, asistencia médica y contención psicológica. El foco de Acnur se concentra en las familias cuyos hogares sufrieron daños severos o colapsaron por completo. Los municipios con mayor densidad de población desplazada o con necesidad de protección internacional son los más expuestos: Pereira, Palmira, Armenia, Ibagué y Cali. Esta última ciudad alberga, según el organismo, a más de 133.000 personas en esa condición.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia no enfrenta una sola crisis sino varias superpuestas: el conflicto armado que no cesa, los flujos migratorios que atraviesan su territorio, el impacto del cambio climático y ahora el desastre natural. Byun lo resumió recordando que el país acoge a una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, y que intenta gestionar todo eso de manera simultánea.
Los detalles cuentan la historia. Un operativo humanitario que llega al sismo con apenas una quinta parte de su presupuesto cubierto no es un operativo en condiciones de responder a escala. La brecha entre lo que se necesita y lo que hay sobre el terreno es, en este momento, de más de 68 millones de dólares.
La comunidad internacional, que en los últimos años ha redirigido atención y fondos hacia otras crisis, enfrenta ahora la cuenta de esa distracción. Las poblaciones más vulnerables de Colombia —las que ya no tenían margen— son quienes pagan el precio.
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Desde la línea editorial de Hemisferio, la imagen que deja esta crisis es la de un Estado que no ha logrado resolver décadas de desplazamiento interno, y cuya capacidad de respuesta ante desastres depende en medida crítica de la financiación externa. Que el 80% del presupuesto humanitario de Acnur en Colombia esté sin cubrir no es solo un dato de agencias: es el retrato de un modelo de gestión pública que traslada el costo del fracaso institucional a organismos internacionales y, en última instancia, a los contribuyentes de otros países.
El terremoto no creó la vulnerabilidad de estas comunidades. La encontró lista. Y eso, más que el sismo en sí, es la pregunta que Colombia —y quienes la gobiernan— tendrá que responder cuando pase la emergencia.
