La escena lo dice todo. Mientras las cuadrillas de rescate removían escombros en Cali y otras ciudades colombianas, el ministro español de Asuntos Exteriores, Albares, grababa un audio para los medios de comunicación con una noticia que las familias temían: un ciudadano español con doble nacionalidad había muerto en el terremoto.
El sismo de magnitud 7,4 golpeó Colombia el lunes 10 de agosto de 2026. Tres días después, el balance oficial ascendía a 265 muertos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas, según los datos ofrecidos por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de acuerdo con la fuente consultada por este medio.
Para los españoles residentes o de visita en el país, la incertidumbre fue especialmente aguda en las primeras horas. Albares informó de que la cifra de compatriotas no localizados se había reducido en las últimas horas de 75 a 12, y volvió a pedir a quienes todavía no se habían puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hicieran. Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores, están disponibles en sus redes sociales.
La respuesta española no se limitó a la gestión consular. Madrid activó un primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros, canalizado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Según Albares, ese desembolso ya estaba en marcha al momento de su declaración. El paquete incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento, y apoyo al personal sanitario.
Los detalles cuentan la historia. Más de 53.000 personas resultaron afectadas por el sismo, según datos recogidos por medios regionales. Las labores de rescate, que en los primeros días movilizaron a equipos nacionales e internacionales, entraban ya en su fase final al momento de la publicación de estas informaciones. Estados Unidos envió rescatistas para apoyar en las regiones afectadas, mientras el gobierno colombiano tuvo que salir a negar que hubiera rechazado ayuda humanitaria extranjera por motivos ideológicos, según recogieron varios medios.
Entre las víctimas identificadas figuraba Lenny Fernández, una abogada que, según reportes locales, murió abrazada a su perro bajo los escombros en Cali. Su historia circuló ampliamente y se convirtió en símbolo del drama humano que dejó el terremoto.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia enfrenta una catástrofe natural de primer orden en un momento en que la capacidad del Estado para gestionar emergencias está bajo escrutinio. La negativa inicial —o la percepción de ella— a aceptar ayuda extranjera de rescate generó una controversia que el gobierno debió desmentir públicamente, lo que revela la fragilidad política que rodea incluso la gestión de desastres.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la respuesta de España —un millón de euros movilizados con rapidez, gestión consular activa, comunicación directa con las familias— ilustra cómo la cooperación bilateral funciona mejor cuando se apoya en instituciones ágiles y en la libre circulación de recursos y personas. La pregunta que queda abierta es si el aparato estatal colombiano, con sus tensiones internas y la sombra de la controversia sobre la ayuda rechazada, estará a la altura de las más de 53.000 personas que hoy dependen de una reconstrucción eficaz. El dinero de los contribuyentes colombianos y de los donantes internacionales merece una gestión transparente y sin filtros ideológicos.
