La escena lo dice todo. Entre las 19.00 y las 21.00 horas del domingo, en apenas dos horas, sobre La Serena cayó un volumen de agua equivalente —o incluso superior— al de un mes completo. Para una región desértica que no había vivido lluvias extremas de esta magnitud desde 1997, la cifra era casi incomprensible.
El lunes, el gobierno entregó un balance que no dejaba margen para la retórica: al menos cinco muertos, cuatro personas desaparecidas, más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores, unos 2.200 damnificados y cerca de 100.000 personas aisladas por cortes de rutas. Unas 150.000 personas permanecían sin servicio eléctrico a lo largo del país.
«Lo que llueve generalmente en un mes llovió el domingo en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas», afirmó Máximo Pavez, viceministro del Interior. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, fue aún más contundente: «Hace bastantes años que no teníamos una condición similar», señaló a la AFP, indicando que el país no enfrentaba un temporal tan extendido en dos décadas.
El fenómeno comenzó en el sur el 15 de julio y desplazó su mayor intensidad hacia el Norte Chico, castigando con especial dureza las regiones de Coquimbo y Atacama. En áreas rurales, el Ejército empleó tractores para rescatar a personas atrapadas en inundaciones. Barrios «llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia», describió a la AFP Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo. El propio gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, reconoció que «la situación ha superado cualquier pronóstico» y que debieron evacuar personal de algunas instalaciones.
El presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama. La medida permite el despliegue de militares, restringe libertades de tránsito y habilita la movilización más rápida de recursos de ayuda. La decisión fue adoptada antes de que Kast iniciara su agenda en La Moneda y fue comunicada en su sexto consejo de gabinete.
El Mandatario modificó además su estrategia de presencia territorial. Al inicio de la emergencia, La Moneda había optado por que Kast no concurriera a las zonas más afectadas durante el momento de mayor intensidad del frente, para evitar que su presencia desviara recursos y atención operativa. El agravamiento en Coquimbo cambió ese cálculo. Acompañado del ministro de Defensa, Fernando Barros, y de la ministra de Salud, May Chomali, el Presidente visitó el Hospital de Ovalle —uno de los más afectados por filtraciones— e inspeccionó el hospital modular instalado para mantener la atención médica. Luego encabezó una reunión de coordinación en el Regimiento N° 21 Coquimbo con el jefe de la Defensa Nacional, autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas.
En el plano político, la emergencia generó tensiones internas. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, de Renovación Nacional, cuestionó la rapidez de la reacción frente al agravamiento en su comuna. La senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, habría planteado en el comité político ampliado que no observó el mismo nivel de respuesta en Coquimbo que en el Maule. Kast optó por no profundizar en el punto durante esa instancia, aunque en una entrevista radial reconoció que «siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis», pidiendo concentrarse primero en la catástrofe.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La respuesta del Estado ante emergencias de esta escala pone a prueba algo más que la logística: revela si el aparato institucional tiene la agilidad necesaria para proteger vidas y propiedades cuando los pronósticos fallan. El propio gobierno admitió que el sistema frontal se intensificó de forma inesperada. La pregunta que quedará sobre la mesa, una vez que baje el barro, es si la infraestructura pública —y los protocolos de alerta— estaban a la altura de un fenómeno que los expertos califican como el más severo en dos décadas. Las autocríticas que Kast prometió tendrán que ser concretas: en emergencias de esta magnitud, el costo de la imprevisión no lo paga la burocracia, lo pagan los ciudadanos.
