La escena lo dice todo. Frente al Palacio de Miraflores, una funcionaria le impidió tomar fotografías y, en cambio, le tomó fotos a él. Oscar Ramírez, periodista de la cadena conservadora estadounidense RAV, le preguntó: «¿Y si fuera venezolano, qué?». La respuesta fue directa: «Si fueras venezolano, menos».
Ramírez había viajado a Venezuela para cubrir los recientes terremotos que sacudieron el país. Lo que encontró, según su propio relato, fue un cerco sistemático sobre la prensa que operó en varios frentes simultáneos.
El primero fue físico. Según el periodista, varios reporteros y comunicadores fueron arrestados durante la cobertura. A él mismo le quitaron el teléfono en más de una ocasión. Los agentes no se limitaron a revisar el contenido visible: eliminaron grabaciones incluso de la papelera del dispositivo. «Varios reporteros y comunicadores fueron arrestados, a mí me quitaron varias veces el teléfono, para eliminar desde la papelera lo que queda resguardado», declaró.
El segundo frente fue tecnológico. Ramírez describió un episodio que, a su juicio, reveló capacidades de interferencia activa: «Estuvimos en un enlace con el Starlink y pasaron unas autoridades vestidas de negro y de la nada se cayó la señal, tenían una habilidad para tumbar la señal». La fuente vincula este cerco comunicacional con el intento de ocultar fallas constructivas en urbanismos estatales.
El tercer frente fue institucional. Al intentar salir del país, Ramírez fue detenido. «Fui detenido por un personaje que era el jefe de Dirección de Inteligencia Militar que trató de investigarme. Su instigación era ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?». La situación se resolvió cuando el periodista identificó su afiliación a un medio estadounidense. El tono del oficial cambió de inmediato: «Oye, que tengas buen viaje», le dijo.
El contraste no pasó inadvertido para Ramírez. La misma autoridad que lo interrogaba con insistencia lo despidió con cordialidad en cuanto supo que el material periodístico saldría hacia una audiencia fuera del país, no hacia una venezolana.
Durante la cobertura del terremoto, el periodista también intentó llegar a lo que describió como un «epicentro crítico» que las autoridades buscaban mantener fuera del alcance de la prensa. «Me tuve que movilizar, hermano, y tuve que caminar más de 10 cuadras para poder llegar porque me habían dicho que ahí no había ayuda, no había maquinaria», relató. La restricción de acceso a zonas afectadas se sumó, según su testimonio, al patrón general de control informativo.
Ramírez fue categórico en su conclusión: calificó de «mentira» las afirmaciones de que Venezuela posee libertad de expresión, basándose en su experiencia directa como corresponsal extranjero en el país.
Los detalles cuentan la historia. Un periodista extranjero, con el respaldo institucional de una cadena estadounidense, enfrentó confiscación de equipos, borrado de material, bloqueo de comunicaciones y un interrogatorio de inteligencia militar al salir del aeropuerto. La pregunta que queda en el aire es qué le ocurre a quien cubre los mismos hechos sin ese paraguas institucional, algo que la propia funcionaria frente a Miraflores respondió sin ambages: «Si fueras venezolano, menos».
Para Hemisferio, el testimonio de Ramírez ilumina un principio que trasciende la coyuntura sísmica: un aparato estatal que confisca teléfonos para borrar imágenes de sus propios urbanismos dañados no está gestionando una emergencia, está administrando una narrativa. El periodismo libre —con Starlink o sin él— es, para ese aparato, una amenaza antes que un servicio público. Esa es la definición operativa de censura, con independencia de lo que proclame la narrativa oficial.
