La escena lo dice todo. Terry Cole, titular de la DEA, declaró esta semana que existe una «conexión mortal» entre altos funcionarios del gobierno mexicano y los cárteles de la droga, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el CJNG. La frase cayó en Ciudad de México como una piedra en un estanque quieto. Las ondas todavía se expanden.
El contexto importa. El texto inicial del indictment contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses ya documenta, según la columnista Ana María Salazar en El Financiero, la participación de elementos criminales en las elecciones intermedias de 2021: recursos y violencia al servicio de candidaturas. El Departamento del Tesoro, por su parte, publicó un documento acusando a dos individuos de liderar empresas vinculadas con organizaciones que Washington clasifica como terroristas, y en ese texto aparecen señalamientos sobre el llamado «huachicol fiscal» y su conexión con campañas políticas.
De ahí la pregunta que circula a puerta cerrada en los círculos de política exterior: ¿qué saben las agencias estadounidenses sobre el proceso electoral de 2024, cuando fue electa la presidenta Claudia Sheinbaum? Salazar es precisa: hasta el momento no existe información pública ni indicios documentados de participación del crimen organizado en esa elección. Pero también anota que hay suficientes detenidos, enjuiciados y testigos cooperantes en Estados Unidos que podrían, en su momento, aportar videos, audios y testimonios.
Los detalles cuentan la historia. El Cártel de Sinaloa secuestró al Mayo Zambada —operación ejecutada por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo— apenas 50 días después de las elecciones de junio de 2024. La cronología no es un dato menor para quienes analizan la trastienda del poder en México.
Lo que hace especialmente delicada la posición de Sheinbaum es el círculo inmediato que la rodea. Según Salazar, el senador Adán Augusto López fue coordinador político de su campaña; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidió el Consejo Nacional de Morena; Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación, era secretaria de Seguridad Pública durante el proceso electoral; Luisa María Alcalde, actual consejera jurídica, era secretaria de Gobernación; y Mario Delgado, hoy secretario de Educación, encabezaba el partido. Son los protagonistas de una fotografía que Washington podría estar mirando con lupa.
El escenario más disruptivo que analiza la columna es concreto: si el Departamento del Tesoro impusiera sanciones a Morena por vínculos con organizaciones terroristas, el partido enfrentaría una inhabilitación práctica para participar en las elecciones de 2027 bajo el marco jurídico vigente. No haría falta ni siquiera llegar a ese punto: la sola amenaza creíble de sanciones podría ser suficiente para que bancos e instituciones financieras busquen desvincularse del partido, sus candidatos y sus funcionarios. El precedente ya existe: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa lo vivieron en carne propia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La lógica del crimen organizado, según el análisis, es de largo plazo: invertir en candidatos ganadores garantiza control sobre futuros presidentes municipales y gobernadores, protege el negocio —tráfico de drogas, huachicol, extorsiones, tráfico de migrantes— y blinda estructuras. Con elecciones locales en 2027 en el horizonte, la pregunta que Salazar lanza a todos los partidos es cuáles son los pasos concretos que están tomando para evitar que las organizaciones criminales decidan quién gana.
La respuesta, por ahora, brilla por su ausencia.
La lectura de Hemisferio es esta: lo que está en juego no es solo el futuro electoral de un partido; es la integridad del aparato estatal mexicano como interlocutor soberano. Cuando una organización clasificada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos puede condicionar quién ocupa una secretaría o una gubernatura, el Estado deja de ser Estado para convertirse en una franquicia del crimen. La presidenta Sheinbaum tiene ante sí una decisión que su antecesor evitó sistemáticamente: distanciarse con hechos —no con palabras— de quienes comprometieron las instituciones. Cada día que esa decisión se pospone, el costo para el contribuyente mexicano, para la inversión y para la soberanía real del país sube un escalón más.
