Para entender el presente hay que volver a esa semana. La administración Trump decidió no extender la vigencia del T-MEC otros 16 años, y el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá quedó sujeto, como máximo, hasta 2036, con revisiones anuales sin excepción y con la posibilidad de retiro anticipado por cualquiera de las partes. Los detalles cuentan la historia.
El columnista Guillermo Knochenhauer, en su análisis publicado por El Financiero, lo resume con precisión quirúrgica: «A Washington le conviene como quedó el T-MEC, pero no a México». La frase encierra una asimetría que llevará años digerir.
Lo que cambia de inmediato es el horizonte de los planes de inversión productiva. Cualquier empresa que contemple llegar al mercado estadounidense desde México —o desde Canadá— carece desde ahora del sustento de certidumbre que ofrecieron el TLCAN y el T-MEC durante décadas. Las decisiones de largo plazo en manufactura, logística y cadenas de suministro se toman con horizontes de diez, quince o veinte años. Un tratado que puede renegociarse o abandonarse año a año no es un ancla; es una cuerda.
Trump, además, gana márgenes adicionales. Al no firmar la extensión, se libera de candados y amplía su capacidad para imponer aranceles como palanca negociadora. Según Knochenhauer, eso le permitiría, incluso con el T-MEC en vigor, forzar acuerdos bilaterales en reglas de origen automotriz, contenido regional o compras de maíz transgénico, «no necesariamente mercantil». La amenaza arancelaria se vuelve instrumento político de uso cotidiano.
El trasfondo estructural que expone el análisis es más profundo que la coyuntura diplomática. Las exportaciones mexicanas representan cerca del 40 por ciento del PIB nacional y registraron un crecimiento de 8 por ciento entre junio de 2025 y mayo de 2026, según las cifras citadas en la columna. Sin embargo, ese dinamismo exportador convive con una generación de riqueza —medida en PIB— «declinante desde hace décadas, hasta ser prácticamente nula hoy por hoy». La paradoja es estructural: se exporta mucho y se crea poco valor interno.
La explicación que ofrece Knochenhauer apunta al modelo maquilador-ensamblador construido desde los años noventa: firmas exportadoras que operan bajo el Régimen de Importación Temporal, con exención de aranceles e IVA para insumos y equipos importados destinados a la exportación. El incentivo fiscal, señala, actuó como desincentivo permanente a la compra de insumos nacionales y a la formación de proveedores locales. Las cadenas de valor quedaron ancladas en el exterior.
El contraste que traza el columnista con los modelos asiáticos —Corea del Sur, Taiwán, Singapur— es ilustrativo: en esos países, el Estado seleccionó sectores prioritarios, coordinó crédito e infraestructura, exigió transferencia de tecnología a la inversión extranjera directa y combatió eficazmente la corrupción. En México, según el análisis, la política industrial de los años noventa fue, en palabras del entonces secretario de Industria y Comercio, Serra Puche, «la no política».
La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado el llamado Plan México como alternativa, con reuniones sostenidas con sectores empresariales para sumar al desarrollo del potencial productivo interno. El plan existe sobre el papel; su capacidad de sustituir la certidumbre que proveyó el T-MEC durante tres décadas es, por ahora, una incógnita abierta.
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La escena lo dice todo. Un tratado que no se renueva no es un accidente diplomático; es una señal de precio. Washington calculó que le convenía la incertidumbre como instrumento de presión, y México llega a esa mesa con un modelo exportador que genera divisas pero no riqueza interna, sin política industrial consolidada y sin el respaldo jurídico de largo plazo que los inversores necesitan para comprometer capital.
El principio en juego es elemental: la inversión productiva requiere reglas estables y horizontes predecibles. Sin ellos, el capital —nacional o extranjero— busca otros destinos. La libre empresa no huye del riesgo; huye de la arbitrariedad. Y un tratado sujeto a revisión anual, en manos de una administración que ha convertido el arancel en arma política, es exactamente eso: arbitrariedad institucionalizada. El costo lo pagará, como siempre, el contribuyente y el trabajador mexicano.
