Para entender el presente hay que volver a esa semana de mayo en Colorado. El Tribunal Supremo del estado resolvió que la ciudad de Boulder tenía autoridad legal para exigir cuentas a compañías energéticas por daños locales atribuidos al cambio climático. Semanas después, el Tribunal Supremo federal anunció que tomaría el caso. La fecha: 5 de octubre, primer día hábil tras el receso de verano.
El caso se llama Suncor v. Boulder y la pregunta que lo define es, en apariencia, técnica: ¿tienen los tribunales estatales potestad para ordenar el pago de daños monetarios a empresas de combustibles fósiles por cambio climático, o esa materia corresponde exclusivamente al derecho federal — al Congreso o al presidente? Así lo formula Michael Gerrard, fundador del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.
La respuesta, sin embargo, tendrá consecuencias que van mucho más allá de Boulder. Según Gerrard, si los demandantes ganan en ese punto jurisdiccional, «las otras dos docenas de casos pendientes avanzarán, y es posible que se presenten casos similares en todo el país». Si pierden, el efecto podría ser el contrario: un freno generalizado a los litigios climáticos estatales y municipales.
El fallo no llegará el 5 de octubre — los argumentos orales son solo el primer acto. La decisión se espera meses después. Y existe una variable adicional: el Supremo podría declarar el caso prematuro, dado que Boulder todavía no ha llevado su demanda a juicio. «Es posible que el Tribunal resuelva que el caso es demasiado temprano», advierte Gerrard, lo que abriría la puerta a que el asunto regrese a Colorado.
La escena lo dice todo en términos de alineamientos. Varios grandes grupos del sector asegurador presentaron un escrito de amicus curiae en apoyo de las empresas demandadas — Suncor y otras compañías de combustibles fósiles. Nikki Reisch, directora del programa de clima y energía del Center for International Environmental Law, lo calificó como una paradoja: aseguradoras que enfrentan pérdidas masivas por desastres naturales defendiendo a la industria que, según los demandantes, las genera.
El juez Samuel Alito también ha sido objeto de presión para que se inhiba del caso, dadas sus inversiones financieras en empresas de combustibles fósiles. El Tribunal respondió en mayo, a través de un portavoz, que «el juez Alito no tiene interés financiero en ninguna de las partes» del litigio — aclarando que no está invertido directamente en Suncor ni en la otra compañía nombrada — y que el asesor legal de la corte determinó que «su recusación no es requerida».
El contexto político añade otra capa. La administración Trump ha actuado en paralelo: en abril, el presidente firmó una orden ejecutiva para «detener la aplicación de leyes estatales» sobre cambio climático, con foco particular en California, Nueva York y Vermont. Además, según la fuente, cerró cinco acuerdos por aproximadamente 3.900 millones de dólares para bloquear proyectos de energía eólica marina, con las empresas redirigiendo esa inversión hacia proyectos de combustibles fósiles.
Los detalles cuentan la historia. Este litigio no es solo una disputa sobre quién paga la reconstrucción tras un desastre. Es una batalla sobre la arquitectura del sistema legal americano: qué nivel de gobierno tiene voz, qué tipo de daño es compensable y ante qué tribunal.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el caso expone una tensión real entre dos principios legítimos. El primero: que quien causa un daño debe responder por él, sin trasladar el costo al contribuyente local. El segundo: que la vía judicial no puede convertirse en un mecanismo de política energética por decreto de jueces estatales, eludiendo el debate democrático en el Congreso. Cuando los tribunales asumen funciones que corresponden al legislador — fijar el precio de las externalidades de una industria entera — el resultado suele ser incertidumbre jurídica, desinversión y, al final, facturas más altas para los mismos ciudadanos que se pretende proteger. El Supremo tiene la oportunidad de trazar esa línea con precisión. El 5 de octubre empieza el reloj.
