Para entender el presente hay que volver a ese sábado en los Andes centrales del Perú.
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la provincia de Chupaca, en la región de Junín, y en cuestión de minutos dejó un saldo que desconcertó a los sismólogos: cinco muertos, 32 heridos, 398 damnificados y 211 afectados. Diecisiete minutos después llegó una réplica de 3,7. Los números no cuadraban con la magnitud registrada, y esa incongruencia fue la que movilizó a los científicos.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) despachó de inmediato un equipo de campo a Chupaca. Su misión: reconstruir la cadena de factores que convirtió un temblor de intensidad moderada en una catástrofe local.
La falla que nadie vio venir
«El sismo del sábado se produjo por la reactivación de la falla Altos del Mantaro, ubicada muy cerca de centros poblados como Chupaca y Chongos Bajo», explicó Hernando Tavera, jefe del IGP. El valle del Mantaro, precisó, está delimitado por dos sistemas de fallas tectónicas: Huaytapallana y Altos del Mantaro. Que una de ellas se reactivara a escasa distancia de zonas habitadas fue el primer factor de riesgo.
El segundo fue la profundidad. Tavera señaló que el evento fue superficial, lo que incrementó directamente la intensidad del sacudimiento percibido en superficie. A menor profundidad, mayor energía liberada en el punto de impacto.
El tercero fue el suelo mismo. Las condiciones geológicas del terreno favorecieron la amplificación de las ondas sísmicas, un fenómeno bien documentado en valles sedimentarios donde el sustrato blando actúa como caja de resonancia y multiplica la vibración original.
Adobe contra concreto
Los detalles cuentan la historia. Tavera señaló que las viviendas típicas de la zona, construidas con adobe y quincha, sufrieron los mayores daños, mientras que las de concreto y ladrillo no presentaron afectaciones significativas. El dato es revelador: no fue solo la tierra la que mató, sino la brecha entre el material de construcción y la amenaza sísmica conocida de la región.
El balance oficial confirmó la magnitud del desastre estructural: 52 viviendas destruidas, 43 inhabitables y otras 88 afectadas. Además, nueve instituciones educativas, tres establecimientos de salud, dos infraestructuras consideradas patrimonio histórico, un sitio arqueológico, un local municipal y mil metros de carretera quedaron dañados.
Las cinco víctimas mortales se concentraron en Chongos Bajo: tres hombres y dos mujeres, entre ellos dos adultos mayores y un joven de 17 años.
Emergencia decretada, réplicas en curso
Este lunes, el gobierno peruano declaró en emergencia los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en Chupaca, así como Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo. La zona no ha dejado de moverse: el lunes se registraron dos sismos adicionales de menor intensidad, y el martes por la mañana llegó otro de magnitud 3,5. Las autoridades no informaron si causaron nuevos daños.
El equipo del IGP continúa en campo, levantando datos de estructuras afectadas y midiendo la consistencia y el nivel de amplificación del suelo. Los resultados del estudio determinarán si la combinación de falla superficial, suelo blando y construcción vulnerable es tan peligrosa como los primeros indicios sugieren.
La escena lo dice todo.
Cinco muertos por un sismo de 5,1 no es una anomalía estadística: es el retrato de una deuda pendiente en gestión del riesgo. En una zona delimitada por fallas tectónicas activas y conocidas, miles de familias siguen viviendo en viviendas de adobe que el propio suelo amplifica como una caja de resonancia. El aparato estatal puede decretar emergencias después del hecho, pero la pregunta que los científicos del IGP deberían poder responder —y trasladar con urgencia a los tomadores de decisiones— es cuántas Chupacas más hay en los Andes centrales esperando la próxima reactivación. La inversión en cartografía de fallas, normas de construcción y reemplazo de viviendas vulnerables no es gasto público: es el seguro que el Estado le debe a sus ciudadanos antes del sismo, no después.
