La escena lo dice todo. Un lunes por la mañana, la Comisión de Hacienda del Senado de Chile despachó por unanimidad a la sala la extensión del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios y del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes). La velocidad es inusual: el proyecto fue presentado la semana anterior, ya había pasado por la Cámara de Diputados también de forma unánime, y el martes siguiente estaba prevista su votación en la sala del Senado. De aprobarse, se convertiría en ley en menos de siete días desde que el Ejecutivo lo ingresó.
Los números del paquete son concretos. La iniciativa suma 30.000 nuevos cupos al programa, llevando el total a 80.000. Eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio. Y extiende la vigencia del mecanismo por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, resumió el efecto práctico en términos que cualquier comprador entiende: con el Fogaes operando junto al subsidio a la tasa, la exigencia de pie bajaría del 20% al 10%, y la tasa de interés caería del 4% al 3%. «Va a bajar el dividendo, porque va a bajar la tasa», dijo Poduje.
Detrás de la urgencia legislativa hay una crisis sectorial de fondo. El mercado inmobiliario chileno atraviesa uno de sus peores momentos, con niveles elevados de stock de viviendas listas para entrega que no encuentran comprador. Las empresas, ante la debilidad de la demanda, han postergado el inicio de nuevos proyectos, lo que ha arrastrado también al empleo en el sector.
La magnitud del problema queda clara en un dato del Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción: hay 99.600 viviendas nuevas disponibles a nivel nacional. Con el nuevo límite de 6.000 UF, el subsidio a la tasa cubriría el 88,1% de esa oferta. Es decir, casi nueve de cada diez unidades en el mercado quedarían dentro del paraguas del beneficio.
Los detalles cuentan la historia. El consenso político es llamativo: unanimidad en la Cámara, unanimidad en Hacienda del Senado. En un Congreso chileno que rara vez coincide en nada, la velocidad y el acuerdo transversal revelan que la presión del sector constructor —y del empleo asociado— pesa más que cualquier diferencia ideológica sobre el rol del Estado en el mercado de vivienda.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Ejecutivo presentó el proyecto, la Cámara lo aprobó, la comisión del Senado lo despachó, y la sala lo tendría en 48 horas. Un trámite legislativo que normalmente toma meses se comprimió en días. Eso no ocurre por inercia burocrática; ocurre cuando hay urgencia política real.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro merece una lectura sin eufemismos. El Estado chileno está asumiendo el riesgo crediticio que el mercado no quiere tomar: garantiza el pie, subsidia la tasa y amplía el universo de viviendas elegibles. El instrumento puede aliviar el stock acumulado y sostener el empleo en la construcción en el corto plazo, pero el precio es que el contribuyente queda expuesto a la garantía estatal sobre decenas de miles de créditos. La pregunta que el debate legislativo no formuló con claridad es cuánto cuesta ese respaldo si las condiciones del mercado —tasas, empleo, precios— se deterioran antes de mayo de 2028. La libre empresa necesita demanda solvente, no solo demanda subsidiada. Cuando el andamiaje estatal sostiene un mercado que no se sostiene solo, el riesgo no desaparece: se socializa.
