Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 18 de junio, la organización Human Rights Watch publicó un informe basado en documentos de la autoridad que controla las exportaciones en Bulgaria. Lo que encontró no era un rumor: la empresa Circles BG, con sede en Sofía, había recibido licencias para exportar sistemas de interceptación de telecomunicaciones y software de vigilancia a una lista de países con antecedentes documentados de usar esas herramientas contra periodistas, activistas y disidentes.
Panamá aparece en esa lista. También Azerbaiyán, Baréin, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Guatemala, Israel, Jordania, Malasia, México, Marruecos, Serbia y los Emiratos Árabes Unidos. Las exportaciones se produjeron entre 2018 y 2023, según los documentos revisados por HRW.
Los detalles cuentan la historia. Circles BG fabrica, según el sitio especializado Surveillance Watch, un software capaz de interceptar llamadas telefónicas y mensajes de texto, y de geolocalizar cualquier teléfono móvil en segundos usando únicamente su número, sin necesidad de instalar nada en el dispositivo y sin dejar huella forense. Una herramienta diseñada, por construcción, para ser invisible.
Circles BG no es un actor desconocido en el ecosistema de la vigilancia comercial. La empresa es una filial de NSO Group, el fabricante del tristemente célebre Pegasus, y su cofundador es Tal Dilian. En Panamá, el nombre Pegasus ya tiene historia propia: su uso fue documentado durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), y las investigaciones judiciales posteriores desmintieron las declaraciones públicas de quienes entonces aseguraban que el espionaje telefónico solo ocurría por orden judicial.
Una de esas declaraciones la dio, en julio de 2010, el entonces ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, hoy presidente de la República. Mulino aseguró en aquel momento que el espionaje sin orden judicial no era una práctica del Estado. Las investigaciones posteriores, según consigna La Prensa de Panamá, desmintieron esa afirmación.
La pregunta que el informe deja abierta es precisa: si alguno de los dos gobiernos anteriores al actual adquirió el equipo de Circles BG, ¿dónde está? ¿Sigue operativo? ¿Quiénes son sus objetivos? ¿Cuánto costó? ¿Lo utiliza la administración Mulino?
La Prensa envió un cuestionario al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, consultando sobre la supuesta compra y pidiendo garantías de que, en caso de existir el equipo, su uso está exclusivamente dirigido a objetivos autorizados por el Órgano Judicial. Al cierre de la nota, no había respuesta.
HRW advierte que, aunque las licencias fueron otorgadas a Circles BG, no puede precisar si la tecnología llegó efectivamente a sus destinatarios finales. Pero subraya que el solo hecho de expedir esas licencias revela «una falla importante en la forma en que los gobiernos aplican individualmente los controles de exportación de la Unión Europea para la tecnología de vigilancia». El propósito de esos controles, recuerda la organización, es limitar las exportaciones a destinos donde exista probabilidad de uso abusivo y garantizar transparencia sobre las operaciones realizadas.
En Panamá, señala HRW, ninguno de esos dos requisitos se cumple. El espionaje ilegal de comunicaciones —contra disidentes, periodistas, funcionarios, diplomáticos y políticos, e incluso por motivos personales— ha sido probado en tribunales. Y las compras de este tipo de equipos, según el informe, se han realizado en el pasado con fondos desviados de otros proyectos o con fondos negros del Estado.
Hay un elemento nuevo que agrava el panorama: a diferencia de los ciclos anteriores, los clientes de Circles BG ya no son exclusivamente organismos gubernamentales. También incluyen empresas privadas. Eso significa que, teóricamente, actores no estatales podrían acceder a herramientas de interceptación que hasta hace poco eran patrimonio exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado.
La escena lo dice todo. Un gobierno que llegó al poder con promesas de estabilidad jurídica e inversión no puede permitirse que la pregunta sobre quién espía a quién quede flotando sin respuesta. La transparencia en el uso de tecnología de vigilancia no es un capricho de organizaciones de derechos humanos: es el piso mínimo del Estado de derecho que hace posible la confianza de los inversores, la libertad de prensa y la seguridad jurídica que el propio presidente Mulino esgrime como activo del país.
Mientras el ministro Orillac no responda el cuestionario de La Prensa, y mientras no exista un inventario público de qué equipos de interceptación posee el Estado panameño, quién los autoriza y bajo qué controles operan, la sombra del aparato de vigilancia seguirá siendo más grande que cualquier garantía oficial. El dinero de los contribuyentes merece, al menos, una factura.
