La escena lo dice todo. Un martes por la mañana, en un salón con diputados, senadores y funcionarios del mundo de la seguridad social, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó un número que resumía décadas de promesas incumplidas: 31,6 sobre 100. Esa es la satisfacción de los chilenos con su sistema de protección social, según el primer Barómetro de la Protección Social, elaborado por el gremio Cajas de Chile junto a Descifra —alianza entre Copesa y la firma de investigación Artool— a partir de datos, análisis de redes sociales y una encuesta a 1.000 personas a nivel nacional.
Los detalles cuentan la historia. Un 67% de los encuestados declaró no confiar en que las instituciones de la seguridad social lo protegerán ante una emergencia o enfermedad. Un 72% evaluó el sistema con nota de 1 a 4, en una escala de 1 a 10. «Todavía estamos muy lejos de dónde queremos llegar», admitió Wulf ante el auditorio, sin eufemismos.
La ministra identificó dos focos en la agenda del gobierno: la natalidad y las personas mayores. Sobre lo primero, el barómetro apuntó tres barreras principales para tener hijos —acceso a la vivienda, costo de crianza y dificultad para conciliar trabajo y familia—, asuntos que, según Wulf, está abordando la Comisión Asesora Presidencial Chile Renace. Sobre lo segundo, mencionó la Ley Integral de las Personas Mayores, promulgada el 1 de junio, como respuesta a los temores más frecuentes detectados: no tener dinero suficiente para llegar a fin de mes y perder autonomía.
Pero fue la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, quien puso el dedo en la llaga estructural: hoy solo el 36% de quienes están en edad de trabajar tienen acceso al empleo formal. Sin cotizantes, no hay sistema que financiar; sin sistema, no hay red que sostenga a nadie. «Lo bueno es que el debate se ha vuelto a centrar en la importancia del crecimiento económico», dijo Cabezón, reconociendo implícitamente que sin ese motor, cualquier reforma es arquitectura sobre arena.
La senadora Paulina Vodanovic (PS) añadió un dato que cruza la seguridad social con la seguridad ciudadana: ante una emergencia, muchos chilenos recurren a parientes o amigos, pero también —según advirtió— al crimen organizado, que ha penetrado el mercado informal de préstamos. «Esto es un tema que se vincula ya no sólo con la seguridad social, sino con la seguridad ciudadana», planteó Vodanovic, quien dijo haberlo conversado con el Ministerio de Hacienda.
Desde el otro extremo del espectro político, el senador Rodolfo Carter (Ind.-Rep.) fue más directo: «La primera prioridad de un país es crecer. Todo lo demás es música». Carter defendió los modelos mixtos de colaboración público-privada —como la indicación tributaria en la megarreforma, que permite a las empresas descontar impuestos de hasta 150 UTM para financiar enfermedades catastróficas de sus trabajadores— y rechazó la prohibición del anatocismo por considerar que «restringe el acceso al crédito formal». También llamó a fomentar la bancarización de las personas mayores, en línea con la mayor longevidad que registra Chile.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el barómetro revela no es una falla técnica del sistema: es el resultado acumulado de décadas en que el aparato estatal creció en promesas y decreció en resultados. Cuando apenas uno de cada tres chilenos en edad de trabajar accede al empleo formal, el sistema de protección social opera sobre una base demasiado estrecha para sostenerse, sin importar cuántas leyes se promulguen o cuántas comisiones asesoras se instalen.
El principio en juego es sencillo: ningún Estado puede redistribuir lo que la economía no produce primero. La libre empresa, el empleo formal y el crecimiento no son el enemigo de la protección social; son su condición de posibilidad. Mientras la burocracia debata el diseño del techo, el piso —el trabajo formal, la inversión, la certeza jurídica— sigue siendo demasiado pequeño para la casa que Chile quiere construir.
