La escena lo dice todo. Entre las grietas abiertas en la Catedral de Caracas y los murales cuarteados de la Universidad Central de Venezuela quedó escrito, en piedra y barro, el precio de décadas sin mantenimiento preventivo.
Un estudio del proyecto Clima 21 determinó que los terremotos del 24 de junio afectaron 87 bienes patrimoniales distribuidos en 5 estados y 16 municipios venezolanos. La evaluación identificó daños principalmente en edificaciones históricas: templos, estructuras antiguas y espacios con valor cultural. Entre los inmuebles con reporte de daños figuran la Catedral de Caracas, la Casa Guipuzcoana en La Guaira, y murales y espacios de la Universidad Central de Venezuela.
Los detalles cuentan la historia. Zaida García, especialista en Educación Patrimonial y Gestión Patrimonial, explicó que muchas de estas construcciones presentan características que las hacen especialmente sensibles ante movimientos sísmicos. «Son estructuras de tapia o de tierra, que si no se tiene el mantenimiento adecuado, son más susceptibles y están más vulnerables a eventos naturales», señaló García.
La vulnerabilidad, en otras palabras, no llegó con el temblor. Llegó antes, acumulada en años de negligencia institucional sobre un patrimonio que el Estado venezolano tiene la obligación legal y moral de custodiar.
García subrayó que la recuperación exige, como primer paso, una evaluación detallada que permita conocer la magnitud de las afectaciones y establecer prioridades de intervención. Pero advirtió que la restauración no debe limitarse a reparar estructuras: es necesario contemplar también la conservación de piezas artísticas, mobiliario y elementos históricos que forman parte de cada inmueble.
La especialista fue explícita sobre el horizonte que se requiere: «La conservación del patrimonio cultural no es nada más el momento de la restauración, es para toda la vida». La frase condensa un principio que los gobiernos de turno en Venezuela han ignorado sistemáticamente: proteger el patrimonio es una política permanente, no un operativo de emergencia que se activa cuando las cámaras llegan a los escombros.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 24 de junio, los sismos golpearon una infraestructura patrimonial que ya llegaba fragilizada al evento. El resultado fue previsible para cualquier técnico que hubiera hecho una ronda de inspección en los años anteriores. La pregunta incómoda —quién autorizó el abandono y quién firmó los presupuestos que nunca llegaron— permanece sin respuesta pública.
García insistió en que la preservación de estos espacios representa una forma de mantener viva la memoria histórica del país y garantizar que las generaciones futuras puedan conocer y valorar esos bienes. Es un argumento que va más allá de la estética: los bienes patrimoniales son capital cultural acumulado durante siglos, irreemplazable y no reproducible. Su deterioro no es solo una pérdida simbólica; es la destrucción de un activo colectivo que ningún presupuesto de reconstrucción puede restituir íntegramente.
Hemisferio observa que el caso venezolano ilustra con crudeza lo que ocurre cuando el aparato estatal sustituye la gestión técnica y sostenida por el discurso. Ochenta y siete bienes patrimoniales dañados en cinco estados no son solo una cifra de daños sísmicos: son el inventario de una política cultural fallida. La tragedia natural puso en evidencia la tragedia institucional que la precedía. Restaurar los muros es posible; recuperar el tiempo perdido, no.
