La escena lo dice todo.
Era martes 4 de julio cuando un hombre se presentó en la zona de urgencias del Camino Universitario Adelita de Char, en el sur de Barranquilla, quejándose de dolor abdominal. El personal médico lo atendió. Nadie tenía razones para dudar. Eso era exactamente lo que el sicario necesitaba.
En un descuido, el hombre comenzó a moverse por el interior del centro asistencial. Conocía su destino: la unidad de cuidados intermedios. Allí se encontraba Rolando Cantillo Benavides, de 36 años, recuperándose de un primer atentado que había sufrido semanas atrás en el barrio Los Robles, en el municipio de Soledad. Según las fuentes, ese mismo día le darían de alta.
No llegó a salir.
Una vez que el sicario ubicó a su objetivo, le abrió fuego. Dos impactos de bala: uno en el tórax, otro en uno de sus brazos. Después, el hombre armado abandonó el centro médico. La Policía Metropolitana de Barranquilla lo busca y, por ahora, no lo ha encontrado.
Los detalles cuentan la historia.
La Seccional de Investigación Criminal, la Sijin, analiza los registros de las cámaras de seguridad del hospital y realiza entrevistas con el personal que tuvo contacto con el pistolero. El objetivo es identificarlo plenamente a partir de los datos que dejó al fingir sus quebrantos de salud. Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha entregado mayores detalles del caso.
Tras el ataque, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad en el lugar para prevenir un nuevo hecho violento dentro del centro asistencial. Una medida reactiva, como casi siempre: el candado llega después del robo.
Los motivos del primer atentado contra Cantillo Benavides son materia de investigación judicial. Lo que sí queda claro es la secuencia: alguien lo hirió en Soledad, sobrevivió, fue trasladado a una clínica, y alguien decidió que no podía salir vivo de ella.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
Barranquilla y el departamento del Atlántico acumulan episodios de violencia que ya no sorprenden por su frecuencia, sino por su audacia. Infiltrar un hospital fingiendo una emergencia médica no es un crimen de oportunidad: es una operación planificada, con inteligencia previa sobre el paradero de la víctima, su estado de salud y la rutina del centro asistencial. Eso habla de estructuras organizadas, no de delincuencia espontánea.
La pregunta que el Estado colombiano no responde con suficiente urgencia es cuántos recursos del aparato de seguridad se destinan a proteger a ciudadanos que ya fueron víctimas y que, por tanto, tienen una probabilidad documentada de serlo de nuevo. Cantillo Benavides había sobrevivido a un primer ataque. Esa condición debería haber activado protocolos. No los activó, o no fueron suficientes.
El gobierno de Gustavo Petro lleva años apostando por la llamada «paz total», una estrategia de negociación con estructuras criminales que, según sus críticos, ha otorgado oxígeno político y operativo a los mismos grupos que hoy mandan sicarios a las salas de urgencias. Lo que ocurrió en el Adelita de Char no es una anécdota de crónica roja: es el síntoma de un Estado que ha cedido espacios que le costará décadas recuperar. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie pagan la factura, a veces con la vida, en lugares donde deberían estar a salvo.
