La escena lo dice todo.
Era la noche del miércoles 5 de agosto cuando el conserje de un edificio del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar, recibió el pedido de auxilio. Alguien en un departamento solicitaba que llamara a Carabineros, denunciando una agresión. Al llegar, los funcionarios policiales encontraron desorden, daños en distintas especies y dos personas adultas con versiones completamente opuestas. Una de ellas era el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista.
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que investiga el episodio como un presunto caso de violencia intrafamiliar. El fiscal Mauricio Díaz, de la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia, describió que «al ingresar al departamento, el personal policial observó desorden, daños en distintas especies y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la relación de actos de agresión». Según Díaz, una de ellas «habría reconocido haber provocado daños al interior del inmueble».
Ninguno de los dos involucrados quiso presentar una denuncia formal ni acudir a un centro asistencial para constatar lesiones. Sin embargo, la Fiscalía decidió continuar de oficio. «Pese a que ello, atendido que se trata de hechos eventualmente constitutivos de violencia familiar, los antecedentes fueron comunicados al turno regional de Instrucción y Flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido», explicó el persecutor.
Las diligencias en curso incluyen la revisión de registros de audio y del sistema CAD de Carabineros, la toma de declaraciones al conserje y a los funcionarios policiales que acudieron al lugar, el empadronamiento de testigos, la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y el registro fotográfico de eventuales daños y lesiones. Ambos involucrados deberán prestar declaración en calidad de imputados, previa información de sus derechos. Adicionalmente, la investigación contempla verificar la eventual existencia de armas de fuego inscritas a nombre de alguno de ellos.
Como medida de protección inmediata, la Fiscalía dispuso rondas periódicas al domicilio durante al menos 30 días y contacto prioritario con Carabineros.
El fiscal Díaz fue cuidadoso en subrayar el estado incipiente del proceso: «La investigación se encuentra en etapa inicial y, por el momento, no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto a ninguna de las personas involucradas en este hecho denunciado».
Los detalles cuentan la historia.
Un senador en ejercicio figura como imputado en una investigación por violencia intrafamiliar. La circunstancia de que ninguno de los dos adultos presentes quisiera formalizar la denuncia no detuvo a la Fiscalía, que actuó por la naturaleza de los hechos. Es el funcionamiento correcto del sistema: la violencia doméstica no requiere de víctima que se presente; el Estado tiene el deber de investigar.
Lo que sí merece atención pública es la condición del involucrado. Espinoza es un legislador en funciones, parte de la coalición que sostiene al gobierno del presidente Boric. La clase política chilena lleva años legislando sobre violencia intrafamiliar, impulsando protocolos y marcos normativos. Que uno de sus integrantes sea ahora objeto de esa misma maquinaria investigativa no es un dato menor. La igualdad ante la ley no es un eslogan: es la prueba de fuego de cualquier estado de derecho. La Fiscalía, por ahora, parece estar pasándola.
