La escena lo dice todo. El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, salió del almuerzo semanal de su bancada el martes pasado con una sola conclusión: «Si hay un plan, están haciendo un buen trabajo escondiéndolo. No aprendí nada en esa reunión.»
Eso resume el estado del Senado de Estados Unidos al cierre del verano. El receso terminó, pero la lista de pendientes no tiene nada de vacacional.
El primer obstáculo: el reloj fiscal
El año fiscal federal comienza el 1 de octubre. El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, lo explicó sin rodeos: «Esta resolución mantiene al gobierno abierto para funcionar.» La Cámara de Representantes aprobó en julio una medida de gasto provisional que extiende el financiamiento hasta el 4 de diciembre. El Senado, por su parte, trabaja en una versión que llevaría ese plazo hasta el 11 de diciembre, ya bien entrada la temporada de elecciones de medio término.
Un cierre de gobierno ocurre cuando el Congreso y el presidente no logran promulgar los doce proyectos de asignaciones presupuestarias que sostienen las operaciones federales. El año pasado, ese proceso derivó en un episodio de 43 días que paralizó agencias y tensó los nervios de ambos partidos.
Esta vez, la señal más alentadora llegó del propio proceso legislativo: el Senado cortó el debate —el llamado filibuster— sobre el proyecto con una votación de 89 a 4, una mayoría bipartidista inusual. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer de Nueva York, fue directo: «Queremos financiar al gobierno y evitar un cierre.»
El contraste con el año anterior es notable. En aquella ocasión, los demócratas bloquearon el plan republicano en protesta por el vencimiento de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible —el llamado Obamacare— y calcularon que la parálisis gubernamental dañaría electoralmente al Partido Republicano en el tema de la salud. Ahora, con las elecciones de medio término en el horizonte y el control del Senado en juego, el cálculo político ha cambiado.
El SAVE Act y la presión desde la Casa Blanca
Más allá del financiamiento provisional, el presidente Donald Trump ha exigido públicamente que el Senado cancele el receso para avanzar en el SAVE Act, una prioridad de su agenda. La presión presidencial añade una variable más a un calendario ya sobrecargado.
Mientras tanto, el líder de la mayoría, John Thune, republicano por Dakota del Sur, intentó proyectar optimismo: «Espero que aprobemos este proyecto en los próximos días.» Pero los propios senadores reconocen en privado que la agenda de los próximos días es, en el mejor de los casos, incierta.
Muchos legisladores quieren regresar a sus estados a hacer campaña. Los que buscan la reelección sienten la urgencia de aparecer ante sus electores en un momento en que el equilibrio del Senado pende de un hilo. La tensión entre la agenda legislativa en Washington y las necesidades electorales en los estados es una constante que ningún líder de bancada ha logrado resolver del todo.
Los detalles cuentan la historia
En paralelo, el Senado debate un proyecto para cerrar una laguna legal que obliga a liberar a inmigrantes detenidos, la senadora Katie Britt ha presentado una propuesta al respecto, y comisiones del Senado avanzan en otros frentes, desde la inteligencia artificial hasta la política exterior con Irán.
Pero para entender el presente hay que volver a esa semana: el Senado llega al otoño sin un plan de trabajo claro, con un vencimiento fiscal que se acerca y con legisladores que, según Kennedy, salieron de su propia reunión de partido sin saber qué viene después.
La lectura de Hemisferio
Lo que está en juego no es solo un trámite presupuestario. Cada vez que el Congreso recurre a una resolución provisional —un parche fiscal, en la descripción del propio Grassley— pospone las decisiones reales sobre el tamaño y el costo del aparato estatal. El dinero de los contribuyentes sigue fluyendo sin que nadie haya aprobado un presupuesto real; la burocracia federal opera sin rendición de cuentas genuina sobre sus prioridades.
El voto de 89 a 4 para avanzar en el proyecto es, en superficie, una muestra de funcionalidad bipartidista. En el fondo, es también la señal de que ambos partidos prefieren aplazar el debate difícil sobre el gasto público hasta después de las elecciones. Para los votantes que esperan un gobierno más limitado y fiscalmente responsable, ese aplazamiento tiene un costo que ningún calendario legislativo registra.
