El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, emitió una excitativa a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos para que presenten el dictamen de una iniciativa que plantea prohibir el uso de dispositivos móviles en escuelas de educación básica.
La solicitud abre paso a una discusión que ya no es menor. La propuesta busca adicionar un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar, con dos excepciones: casos de emergencia y necesidades educativas especiales.
La iniciativa fue presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo, el 10 de diciembre de 2025. Además de fijar la prohibición, el proyecto propone que el personal docente y directivo retenga los dispositivos móviles de las y los estudiantes durante el horario escolar y los devuelva al término de la jornada.
Higinio Martínez informó que, a petición de Alberto Anaya, la presidencia del Senado giró esa excitativa a las comisiones unidas para que entreguen el dictamen correspondiente al proyecto de decreto. La escena lo dice todo: la decisión ya no gira solo en torno a la tecnología, sino a quién controla el tiempo y la atención dentro del aula.
En el documento de la iniciativa se sostiene que la medida no es arbitraria ni restrictiva. Ahí se afirma que existe evidencia científica sólida que demuestra que el uso indiscriminado de pantallas en el aula fragmenta la atención, satura la memoria de trabajo y afecta el rendimiento académico, además de incidir negativamente en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Ese es el corazón del giro político y educativo que intenta empujar el PT: poner límites claros al dispositivo personal dentro de la escuela. En un país donde la educación básica carga con rezagos, la discusión no es decorativa. Se trata de definir si el aula debe ser un espacio de concentración o un campo abierto para la interrupción permanente.
La propuesta también deja ver un principio más amplio: cuando el uso de un aparato empieza a competir con la enseñanza, la autoridad escolar reclama margen para ordenar. No es un detalle administrativo. Es una disputa por disciplina, aprendizaje y autoridad dentro de la escuela pública.
Por ahora, el Senado solo ha dado el paso procedimental de pedir el dictamen. Pero el desenlace puede decir mucho sobre el rumbo de la política educativa: si la prioridad será proteger la atención de los alumnos o tolerar, por inercia, una vida escolar cada vez más fragmentada por los dispositivos personales.
Para una visión orientada a resultados, el punto de fondo es simple: si la evidencia citada es correcta, el costo de no actuar lo pagan los estudiantes y, al final, también el Estado que debe corregir con más burocracia y más recursos un problema que pudo contenerse antes. La libertad tecnológica no puede confundirse con permiso para desordenar el aula.
El debate, en el fondo, enfrenta dos ideas de escuela. Una donde la disciplina protege el aprendizaje. Otra donde la tecnología entra sin límite y desplaza la autoridad docente. Esa tensión ya está sobre la mesa en el Senado, y el dictamen dirá si las comisiones optan por poner orden o por dejar que el ruido siga mandando.
