La escena lo dice todo. Miles de ciudadanos —niños, mujeres, adultos mayores— apuntan sus teléfonos hacia un arroyo, responden más de cien preguntas y, sin saberlo del todo, construyen el primer mapa estandarizado de contaminación de ecosistemas acuáticos en la Argentina. No es ciencia ficción: es PreserVamos, el proyecto liderado por Joaquín Cochero, investigador del Instituto de Limnología Raúl A. Ringuelet (Ilpla), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El trabajo, desarrollado durante cuatro años junto a más de veinte investigadores de la UNLP, la Universidad Nacional de Córdoba y equipos de la provincia de Neuquén, fue publicado en la revista científica Ecology, de la Ecological Society of America. Sus conclusiones son tan simples de leer como urgentes de entender: la cuenca del Río de la Plata es el sistema más degradado del relevamiento, seguida por el estuario de Bahía Blanca. En el extremo opuesto, los arroyos de las sierras cordobesas, los ríos andinos alimentados por deshielos y los lagos patagónicos conservan su estado verde.
Cómo funciona el semáforo
La aplicación —disponible bajo el mismo nombre, PreserVamos— opera mediante el GPS del teléfono. El voluntario sube fotos del cuerpo de agua, registra variables visibles a simple vista —color del agua, presencia de basura, vegetación de las orillas, fauna, embarcaciones, murallas, industrias cercanas, basurales, presencia de ganado— y completa el cuestionario. El sistema geolocaliza cada observación y la incorpora a un mapa interactivo que clasifica los ecosistemas en zonas verdes, amarillas y rojas según su estado de conservación.
Desde 2022, cuando arrancó con financiamiento inicial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el proyecto sumó luego el apoyo de la Fundación Bunge y Born y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se extendió por distintas provincias a través de acuerdos con municipios, visitas a escuelas y conferencias. El resultado: más de 3.000 observaciones recolectadas en todo el país. Tras el proceso de validación científica, poco más de 1.200 registros cumplieron los criterios metodológicos y fueron incorporados al análisis final.
Una brecha regional que el Estado no llenó
El propio artículo publicado en Ecology admite la paradoja de partida: «los métodos de monitoreo tradicionales, si bien son científicamente rigurosos, a menudo se ven limitados por restricciones logísticas, financieras e institucionales». El texto señala que iniciativas similares de ciencia ciudadana existen desde hace años en Europa —FreshWater Watch— y en Norteamérica —el Programa de Monitoreo Voluntario de la EPA—, pero que «esfuerzos similares siguen siendo escasos en Sudamérica».
PreserVamos viene a llenar esa brecha al proveer, según sus creadores, «el primer conjunto de datos estandarizado y a gran escala generado por la ciudadanía para ecosistemas acuáticos en la Argentina». Las mujeres fueron mayoría entre los voluntarios que cargaron datos; también participaron niños y personas mayores. «La generación de conocimiento científico puede abrirse a la participación de la comunidad cuando existen herramientas adecuadas y protocolos confiables», sostuvo Cochero en diálogo con La Nación.
El objetivo declarado va más allá del diagnóstico. «La idea rectora es desarrollar una herramienta de interacción entre el mundo científico, la comunidad y los tomadores de decisiones, a fin de buscar soluciones a problemas complejos de contaminación», explicó el investigador.
Lo que el mapa revela
Los detalles cuentan la historia. Que la cuenca del Río de la Plata encabece la lista roja no sorprende a quienes conocen la densidad industrial y poblacional de esa región, pero verlo cuantificado y georeferenciado en un mapa accesible al público es un paso distinto al de los informes técnicos que duermen en cajones ministeriales.
Para Hemisferio, el valor de PreserVamos no reside solo en la ciencia. Reside en el modelo: investigación de calidad publicada en una revista de primer nivel, financiada con una combinación de organismos internacionales, fundaciones privadas y fondos públicos, y ejecutada con la participación directa de la sociedad civil. Es, en definitiva, un ejemplo de lo que ocurre cuando la comunidad y el sector privado complementan —en lugar de esperar— la acción del aparato estatal.
La pregunta que el mapa no responde, pero que los datos plantean con claridad, es política: quién tiene la voluntad y la autoridad para actuar sobre las zonas rojas. El semáforo ya está encendido. La luz roja lleva años parpadeando sobre el Río de la Plata.
