Colombia está a punto de entrar en la concertación formal del salario mínimo que regirá desde el 1 de enero de 2027. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ya fue instalada, con participación del Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales.
El 1 de octubre, los sectores entregaron observaciones para una revisión técnica y jurídica. La próxima reunión quedó prevista para el martes 13 de octubre. La escena lo dice todo: antes de cualquier cifra definitiva, ya hay una disputa sobre el tamaño real del ajuste y sobre quién asume el costo.
Por ahora, los gremios empresariales plantearon de forma preliminar un aumento de entre 8% y 9,5%. Tomaron como referencia la inflación, que en septiembre de 2026 fue de 6,29% anual, según el Dane, y la productividad. Esa franja no es una propuesta acordada ni una decisión oficial.
Bajo ese rango, el salario básico, sin auxilio de transporte, pasaría de $1.750.905 a una cifra aproximada de entre $1.891.977 y $1.917.241. Con auxilio de transporte, el ingreso mensual podría superar los $2.000.000.
La negociación también está marcada por el proceso en el Consejo de Estado sobre el decreto que fijó el incremento de 2026. Fenalco pidió la nulidad de esa norma. El Gobierno, por su parte, aclaró que el salario mínimo vigente no ha sido reducido y que no existe una determinación oficial sobre el ajuste de 2027.
En paralelo, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, dijo que calcula un aumento entre 9,5% y 10%. Según su análisis, si se aplicaran de forma estricta los criterios legales, el ajuste debería ser de 8,5%.
Amorocho sostuvo que la discusión tiene un alcance limitado dentro del mercado laboral. Dijo que 2,4 millones de trabajadores reciben el salario mínimo, frente a 11,3 millones de personas que devengan menos de ese ingreso. Ese dato retrata un país donde el salario mínimo es referencia central, pero no alcanza a definir toda la estructura de ingresos.
También recordó que la negociación tripartita incluirá el comportamiento de la economía. Estimó que podría moverse entre 2,4% y 2,9%, después de que el primer semestre de 2026 cerró con un crecimiento de 2,9% anual. A eso sumó las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que redujo su expectativa para Colombia de 2,6% a 2,5%, y del Banco Mundial, que la bajó de 2,6% a 2,3%.
Para el docente, esas proyecciones reflejan una tendencia de menor dinamismo económico. También señaló que parte del escenario se relaciona con la tasa de intervención del Banco de la República, que subió 300 puntos básicos y está en 12,25% desde 2025 para contener la inflación.
Amorocho estimó que la economía colombiana podría crecer 2,6% y cerrar el año con una inflación de 7%. Dijo que esa proyección se apoyaría en las remesas, que podrían alcanzar USD13.500 millones, además del comportamiento de las exportaciones de petróleo, oro y café. Añadió que hay factores que seguirán inyectando demanda de aquí a final de año.
El profesor anticipó que los trabajadores podrían pedir un aumento cercano al 15%, pero consideró que el Gobierno no debería aceptar un incremento de dos dígitos. Recordó que el salario mínimo tuvo en 2025 un ajuste 17 puntos por encima de la inflación y la productividad, lo que, según dijo, generó distorsiones.
Teniendo en cuenta sus estimaciones, el sueldo básico podría subir entre $166.335 y $175.090 y quedar entre $1.917.240 y $1.925.995. Con auxilio de transporte, superaría los $2.000.000.
Un aumento del 8% del salario mínimo elevaría el ingreso mensual de quienes reciben auxilio de transporte en $148.794, después de los aportes obligatorios a salud y pensión, según un ejercicio elaborado por Moore Colombia. El informe plantea que el Gobierno deberá equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los hogares con los costos laborales de las empresas.
Los detalles cuentan la historia. Aquí no solo se discute cuánto sube el salario mínimo. También se decide cuánto más puede cargar el aparato productivo sin frenar la contratación ni encarecer el trabajo formal.
Para un país donde millones ganan menos que el mínimo y donde el ajuste se vuelve referencia política, el desenlace importa más allá del número final. Si el aumento se aparta demasiado de la productividad, la cuenta termina pasando por la empresa, por el empleo y, al final, por el consumidor. Si queda corto, el golpe lo siente el bolsillo del trabajador. Esa es la tensión real de la negociación.
