La escena lo dice todo. Ciento once votos a favor en la Cámara de Diputados y un proyecto que pasa al Senado con el sabor agridulce de una mayoría que no convenció a nadie del otro lado del hemiciclo. La reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que impulsa el Ministerio de Educación de Chile superó el primer trámite legislativo, pero lo hizo cargando una contradicción que el propio Gobierno se encargó de verbalizar.
El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, lo dijo sin rodeos en radio Agricultura: cuando se permite a los establecimientos participar en la admisión, el riesgo de discriminación arbitraria «es un riesgo que puede ocurrir». La frase no pasó inadvertida. La principal objeción de la oposición es exactamente esa: que la reforma abre una puerta que el aparato regulatorio podría no ser capaz de cerrar.
Qué cambia el proyecto
Hoy el SAE asigna alumnos mediante un proceso aleatorio. La iniciativa modifica ese esquema para que los colegios con alta demanda puedan intervenir en la conformación de su comunidad educativa. El argumento del Gobierno es doble: incorporar el mérito como criterio y devolver a los establecimientos confianza en su propio proceso de admisión.
Para contener los riesgos, el Ministerio propone una revisión ex ante de los procedimientos de selección —es decir, antes de que se apliquen— y una declaración jurada del director del establecimiento. Si esa declaración se viola, las consecuencias pueden llegar a ser penales. Además, los estudiantes o sus familias podrán denunciar ante la Superintendencia de Educación si sienten que fueron discriminados.
La negociación que no ocurrió
Rodríguez reconoció que la dinámica en comisión fue «muy difícil» y que no fue posible llegar a un punto común con la oposición. «Habían posiciones muy difíciles de conciliar», señaló. Aun así, el subsecretario dejó abierta la puerta a modificaciones durante el trámite en el Senado, con una condición explícita: que no se toque «el corazón del proyecto», definido como la incorporación del mérito y la autonomía de los establecimientos en la selección.
Esa condición es, en sí misma, el nudo del debate. Para el oficialismo, mérito y autonomía son el fin; la regulación, el medio. Para la oposición, la regulación propuesta no es suficiente garantía frente a un sistema que históricamente ha operado con criterios opacos de selección.
Los detalles cuentan la historia. La declaración jurada del director y la revisión ministerial previa son mecanismos que suponen buena fe institucional y capacidad fiscalizadora del Estado. Dos supuestos que, en el contexto educacional chileno, no son triviales.
Lo que viene en el Senado
El proyecto llega a la cámara alta con una mayoría construida pero sin consenso técnico. El Gobierno deberá decidir cuánto cede en el diseño sin perder lo que considera esencial. La oposición, por su parte, tendrá la oportunidad de negociar las salvaguardas que no logró incorporar en la Cámara.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: 111 votos no son una victoria limpia cuando quien la promueve admite públicamente que el riesgo que sus críticos señalan «existe».
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Desde Hemisferio, el fondo del debate merece ser nombrado con claridad. La reforma al SAE toca un principio que las familias chilenas llevan años reclamando: el derecho de los colegios a construir comunidades educativas con criterios propios, y el derecho de los alumnos a ser evaluados por lo que saben y pueden, no por el azar de un algoritmo. Que eso se llame mérito no debería ser controversial.
El problema no es el principio; es la arquitectura. Un sistema que depende de declaraciones juradas y revisiones burocráticas ex ante para evitar abusos es un sistema que ya nació desconfiando de sí mismo. Si el Senado quiere hacer bien su trabajo, la pregunta no es si se toca «el corazón» del proyecto, sino si las salvaguardas son lo suficientemente sólidas para que ese corazón no sea, en la práctica, una puerta trasera para la exclusión. El mérito real no necesita amparo en la opacidad; prospera a la luz.
