La escena lo dice todo: un jefe criminal que apagaba su celular casi todo el día para no ser rastreado, terminó delatado por una llamada que él mismo hizo para desmentir su propia muerte. Ese fue el giro final de la cacería de Naín Andrés Pérez Toncel, alias «Bendito Menor», jefe de la organización criminal «los Pachenca» en La Guajira.
Según fuentes cercanas a la Operación Centinela de la Patria citadas por El Colombiano, la Dijín y la Dipol de la Policía ya tenían ubicado al objetivo en un sector amplio de la zona urbana de Riohacha gracias a una fuente humana. Pero no bastaba con saber el barrio: faltaba la vivienda exacta, y una incursión a ciegas podía facilitar la fuga.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 9 de julio, el presidente Abelardo de la Espriella había declarado a «Bendito Menor» objetivo militar. Desde entonces, Pérez Toncel se volvió más cuidadoso: publicaba esporádicos videos desafiantes en redes sociales y luego desconectaba celular y radio la mayor parte del día, lo que dificultaba triangular su posición.
En ese punto de la trastienda entró el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que se unió a los esfuerzos de ubicación. Según las fuentes consultadas por el diario, fueron los agentes norteamericanos quienes diseñaron el plan para obligar al criminal a usar su teléfono el tiempo suficiente para rastrearlo: difundieron en los bajos fondos guajiros el rumor de que sus propios hombres lo habían asesinado, con nombres y alias incluidos de los supuestos traidores.
El chisme corrió rápido. Llegó a familiares y amigos, que activaron su red de contactos para confirmar si era cierto. Saltó a portales regionales y luego a la prensa nacional, hasta que «los Pachenca» emitieron un comunicado negando «de manera categórica y tajante» la información divulgada.
Para entonces, Pérez Toncel y su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias «la Bebecita», ya habían mordido el anzuelo. Hicieron varias llamadas a sus allegados para asegurarles que estaban vivos. Fue exactamente el margen que necesitaban los agentes para triangular su posición, esta vez con un aliado tecnológico decisivo en el aire: uno de los tres drones MQ-9A Reaper que el Comando Sur de Estados Unidos prestó a Colombia, una máquina con más autonomía de vuelo y capacidad de interdicción tecnológica que los VTOL Vector ya desplegados en la ciudad.
Así ubicaron la residencia exacta: una vivienda del barrio Los Olivos que en el pasado había ocupado la madre del capo. El Reaper puede disparar misiles, pero esa opción se descartó desde el principio por tres razones documentadas por las fuentes: las cámaras térmicas mostraban civiles dentro de la casa; se trataba de una zona residencial urbana; y había cercanía con tanques de combustible del aeropuerto de Riohacha.
El desenlace llegó en tierra. Treinta policías del comando élite «los Lobos», junto a agentes de la Dijín y la Dipol, allanaron la propiedad al anochecer del jueves 3 de septiembre. En el operativo murieron «Bendito Menor», «la Bebecita» y dos hombres identificados como «el Tío» y «Casiloco», señalados como encargados de logística y finanzas de la organización. Se incautaron armas de fuego y granadas. Otros civiles presentes, incluidos menores de edad, fueron reseñados y liberados.
La Policía anunció que los cuatro cuerpos serían trasladados a Medicina Legal en Barranquilla para confirmar su identidad, algo que rechazó Rosa Pérez Toncel, hermana del abatido, quien pidió que los restos quedaran en su tierra para las honras fúnebres.
Los detalles cuentan la historia de un Estado que, tras declarar objetivo militar a un capo, movilizó inteligencia humana, drones propios y la cooperación directa del FBI y el Comando Sur estadounidense para dar con él sin necesidad de bombardear un barrio entero. La decisión de descartar el misil por la presencia de civiles, pese a contar con la capacidad técnica para usarlo, es un dato que pesa: la ofensiva contra «los Pachenca» se ejecutó dentro de reglas, no fuera de ellas.
Para la administración de Abelardo de la Espriella, el desenlace en Riohacha es la prueba que buscaba desde julio: que declarar objetivo militar a un jefe criminal no es un gesto retórico, sino el inicio de una cacería con resultados verificables. La cooperación estrecha con Washington, lejos de ser una cesión de soberanía, aparece aquí como el multiplicador de fuerza que permitió cerrar en semanas una persecución que sin inteligencia extranjera y tecnología de punta habría podido extenderse indefinidamente.
