La escena lo dice todo.
Durante los terremotos recientes, según testimonios recibidos por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), los funcionarios del penal de El Rodeo I dejaron a los presos políticos sin protección durante aproximadamente 45 minutos. No se activaron medidas de resguardo. No hubo evacuación oportuna. Nadie llegó a abrir una puerta.
Ese episodio es el telón de fondo de la alerta que Clippve difundió este sábado 18 de julio: las familias y los propios detenidos temen que las autoridades penitenciarias fuercen su reingreso a celdas cuya integridad estructural no ha sido evaluada por ningún organismo técnico independiente.
Lo que denuncian las familias
Según la organización, los presos políticos permanecen actualmente en un área común interna del penal, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades. Su exigencia es concreta: no ser devueltos a celdas que consideran inseguras ante posibles nuevos movimientos sísmicos, hasta que exista una evaluación técnica independiente que certifique su estado.
El temor no es abstracto. Clippve advierte que funcionarios podrían recurrir al Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) u otro grupo para obligar a los detenidos a regresar a esas celdas. La organización no atribuye intenciones: recoge los testimonios y los pone sobre la mesa.
La reunión del 13 de julio
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El 13 de julio se celebró una reunión entre familiares de los detenidos y autoridades del sistema penitenciario venezolano para abordar denuncias de presuntos actos de tortura y otros tratos crueles. El resultado, según Clippve, fue decepcionante: las autoridades «negaron y minimizaron las denuncias, descalificaron a las víctimas y a las organizaciones que las acompañan», sin asumir compromisos para investigar ni sancionar a los funcionarios presuntamente involucrados.
En lugar de protocolos, silencio institucional. En lugar de peritos, negación.
Las exigencias del comité
Clippve formuló cuatro exigencias concretas: medidas inmediatas de protección para los presos políticos; una evaluación técnica independiente de la infraestructura de El Rodeo I; la elaboración de protocolos de prevención y evacuación ante sismos; y el ingreso de organismos nacionales e internacionales al penal.
La advertencia final del comité es directa: «Si las autoridades deciden forzar el reingreso de los presos políticos a celdas cuya seguridad no ha sido verificada, sin protocolos de emergencia y pese a las advertencias realizadas, asumirán plena responsabilidad por cualquier nueva agresión o afectación a la vida e integridad de las personas bajo su custodia».
Hasta el cierre de esta edición, no existe constancia de que el sistema penitenciario venezolano haya respondido públicamente a esas exigencias ni de que se haya permitido el ingreso de ningún organismo independiente.
Lo que está en juego
Los detalles cuentan la historia. Un Estado que no activa protocolos de emergencia durante un terremoto, que niega denuncias de tortura en una reunión formal con familiares y que bloquea el acceso de peritos independientes no está cometiendo errores administrativos: está ejerciendo el control como instrumento de presión sobre personas que ya no tienen libertad para protegerse a sí mismas.
El caso de El Rodeo I condensa un principio que Hemisferio ha sostenido de manera consistente: cuando el aparato estatal controla los cuerpos, la información y el acceso a la justicia al mismo tiempo, la rendición de cuentas se vuelve estructuralmente imposible desde adentro. La única palanca que queda son los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y la presión de la opinión pública exterior. Que esa palanca siga siendo necesaria, en 2025, para garantizar que un preso no sea encerrado en una celda que puede derrumbarse, dice todo lo que hace falta decir sobre el estado del Estado venezolano.
