La escena lo dice todo: mientras Argentina, Brasil, Chile, México y Perú han extendido por ley la obligatoriedad escolar hasta los últimos años de bachillerato, en Colombia los grados décimo y undécimo siguen siendo, en términos legales, opcionales. No una anomalía menor. Una decisión de política pública con consecuencias medibles.
La Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM) puso las cifras sobre la mesa: la cobertura neta de educación media en Colombia alcanza apenas el 46 %, el nivel más bajo dentro del sistema educativo formal en su medición. El dato no es nuevo, pero su persistencia sí es reveladora.
David Saad, director y presidente del Instituto Natura para América Latina, lo plantea sin rodeos: Colombia es el único país de los cinco que acompaña esa organización —Brasil, Argentina, Chile, México y Perú— que aún no ha establecido como obligatoria la educación media. Para Saad, esa diferencia normativa ayuda a explicar parte de los desafíos que enfrenta el país en cobertura, permanencia y calidad educativa.
Los expertos consultados por Semana advierten que la obligatoriedad no es un formalismo burocrático: influye directamente en la capacidad del Estado para garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de la trayectoria escolar, sobre todo entre los jóvenes de menores ingresos y de zonas rurales. Dicho de otro modo, donde la ley no exige, el sistema tiende a abandonar primero a quienes más necesitan ser sostenidos.
Las diferencias territoriales dentro de Colombia refuerzan ese diagnóstico. Según los datos citados por ATEM, persisten brechas significativas entre regiones en acceso, permanencia y aprendizaje. No se trata de un promedio nacional que esconde éxitos locales: el rezago es estructural.
El caso de Pernambuco, estado del noreste de Brasil, aparece como referencia recurrente en el debate. Una reforma sostenida de la educación media, apoyada en políticas integrales y seguimiento de resultados, estuvo asociada —según estudios citados por Saad— con un aumento del 55 % en la empleabilidad y del 23 % en el acceso a la educación superior de los jóvenes de esa región. Los números son contundentes: completar la educación media genera beneficios concretos en ingresos y oportunidades, incluso para quienes no continúan hacia la universidad.
«La educación media no puede verse únicamente como un puente hacia la educación superior», afirma Saad. «Completar esta etapa genera beneficios en ingresos, empleabilidad y oportunidades de vida».
Chile, por su parte, es señalado por sus experiencias en formación docente; Perú, por mejoras en resultados de aprendizaje. Saad es cuidadoso al señalar que no existe un único modelo exportable: «Más que buscar un único referente, lo importante es entender qué aprendizajes pueden aportar estas experiencias a los desafíos que enfrenta cada país».
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que Colombia decidió —o dejó de decidir— que terminar el bachillerato era un asunto privado, no una obligación del Estado.
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La lectura de Hemisferio es directa: el problema no es de recursos escasos ni de geografía difícil, aunque ambos factores pesan. Es, ante todo, una falla de voluntad política y de marco legal. Un Estado que no obliga a garantizar la educación media envía una señal inequívoca al mercado, a las familias y a los propios jóvenes: ese tramo del camino es prescindible. Y los más pobres, siempre primeros en recibir ese mensaje, son también los primeros en desertar.
La libre empresa necesita capital humano formado; la movilidad social requiere credenciales que el mercado laboral reconozca. Mantener al 54 % de los jóvenes colombianos fuera de la educación media no es neutralidad: es una política activa de exclusión disfrazada de omisión. El gobierno de turno puede cambiar de prioridades, pero la aritmética del rezago no espera.
