La escena lo dice todo. A pocas horas de que Carolina Corcho, Guillermo Jaramillo y Gustavo Petro perdieran toda injerencia en el sistema de salud colombiano, la abogada Ana María Vesga ya estaba en un foro sectorial recibiendo propuestas y trazando los primeros contornos del plan de rescate.
Vesga será la ministra de Salud en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Su designación no es un detalle burocrático: es una declaración de intenciones. Presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) desde agosto de 2023, Vesga fue una de las voces más audibles en alertar sobre los efectos negativos de las decisiones del gobierno Petro en el sector, incluida la reforma a la salud que naufragó dos veces en el Congreso.
La represa que dejó el petrismo
El diagnóstico que ofrece la futura ministra es severo. Hay una acumulación de citas médicas sin atender, consultas con especialistas postergadas, cirugías aplazadas y entregas de medicamentos atrasadas en todo el territorio nacional. A eso se suma lo que ella llama «la gran conversación alrededor del financiamiento», que identifica como «la razón principal de la crisis humanitaria» que atraviesa Colombia.
«Este es un paciente en cuidado intensivo. Necesitamos que salga de la UCI y eso supone inyectar unos recursos para pagar medicamentos, para aliviar la red, para aliviar a los profesionales», declaró Vesga.
El presidente electo De la Espriella anunció una inyección de 10 billones de pesos para el plan de estabilización y rescate del sistema. Vesga describió la iniciativa como «el plan de choque que se estaría diseñando y que se ha venido trabajando en los últimos meses y que el ministerio estaría implementando durante los primeros meses del gobierno para poder resolver la represa de atención que hay, particularmente en entrega de medicamentos y atención en salud a la población en todos los territorios».
La futura funcionaria fue cuidadosa en subrayar que la reconstrucción «solo va a ser posible con el consenso y con la ayuda de todos los actores» y convocó a los colombianos a entender que «el sistema no se salva solo».
El expediente de quien toma el timón
Los detalles cuentan la historia. Vesga es abogada de la Universidad de los Andes con un perfil inusual para el cargo: antes de llegar al sector salud construyó carrera en la industria de hidrocarburos, donde ocupó posiciones jurídicas, gerenciales y de desarrollo de negocios en firmas como Cárdenas & Cárdenas, Perforación Latco e Integral de Servicios Técnicos.
Su transición al sector salud ocurrió a través de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde desde enero de 2018 dirigió la Cámara de la Industria Farmacéutica. Más de cuatro años al frente de los asuntos gremiales del sector farmacéutico la llevaron, en enero de 2022, a la Vicepresidencia de Salud del mismo gremio, y en agosto de 2023 a la presidencia de Acemi, que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo.
Uno de los primeros asuntos técnicos en su agenda es la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que financia la atención de cada afiliado. Vesga advirtió en entrevista con Blu Radio que el ajuste no depende únicamente de su despacho, sino de una comisión interinstitucional. «Es una decisión colegiada que adopta finalmente el Ministerio por recomendación de ese órgano y que es el financiamiento del sector», explicó. Pendiente en la agenda: revisar los cálculos de años anteriores, corregir las estimaciones de 2025 y 2026 y preparar la UPC de 2027.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que Vesga hereda no es una crisis coyuntural sino el resultado acumulado de cuatro años en que el aparato estatal intentó reformar el sistema de salud por decreto y por ley, fracasó en el Congreso en dos ocasiones y dejó a su paso un financiamiento deteriorado, una red prestadora asfixiada y millones de pacientes en lista de espera.
El plan de choque que se anuncia es, en esencia, la factura que pagan los colombianos por ese experimento. Los 10 billones de pesos que el nuevo gobierno tendrá que inyectar no son inversión en mejora: son el costo de reparar lo que la gestión saliente desarticuló. La libre empresa del sector —las EPS, los hospitales, la industria farmacéutica— llega al cambio de mando con deudas acumuladas y una UPC que, según la propia ministra designada, requiere correcciones retroactivas.
La pregunta que Colombia se hace esta semana no es si el nuevo gobierno tiene voluntad de actuar. La pregunta es cuánto tiempo y cuántos recursos de los contribuyentes tomará deshacer el daño.
