La escena lo dice todo.
El 1 de julio, cuando la alianza entre Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la bancada mixta tomó el control del Legislativo panameño, quedó claro que el acuerdo no era solo para elegir presidenta de la Asamblea. Era para repartirse el aparato.
El resultado: 14 de las 15 comisiones permanentes quedaron en manos de esa coalición. La decimoquinta, la única que escapó al reparto, es presidida por Paulette Thomas, de la bancada Vamos, y solo porque Thomas misma votó por la candidata oficialista en lugar de apoyar a su compañero de bancada.
RM: seis comisiones, las que más pesan
Realizando Metas, el partido que fundó el expresidente Ricardo Martinelli y que llevó a José Raúl Mulino al Palacio de Las Garzas, acaparó seis presidencias. No son comisiones menores.
Retiene la Comisión de Credenciales, donde se examinan denuncias contra el Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema, y se revisan nombramientos del Ejecutivo. Dana Castañeda se reeligió en esa presidencia. RM también controla Economía y Finanzas, a cargo del diputado Víctor Castillo, y Comercio y Asuntos Económicos, en manos de Jamis Acosta. Suma además Infraestructura Pública, Asuntos del Canal y Educación, Cultura y Deportes.
La comisión de Asuntos Municipales se instalará en los próximos días; el diputado Alaín Cedeño ya anunció que va por la presidencia.
CD retiene la joya de la corona
Cambio Democrático, el partido hermano de RM, se quedó con la Comisión de Presupuesto. Es la más codiciada: allí se debate el presupuesto general del Estado, se aprueban traslados de partidas y se autorizan créditos extraordinarios. Eduardo Vásquez asumió la presidencia. La comisión deberá debatir el presupuesto para 2027 a partir del próximo 11 de agosto; las vistas presupuestarias arrancarán el lunes 17 de agosto.
El dinero de los contribuyentes panameños pasará, pues, por ese filtro.
El PRD: cuatro comisiones y un activo electoral
El PRD, que pese a votar en pleno por Castañedas se autoproclamó partido de oposición, suma cuatro presidencias. La más estratégica es la Comisión de Gobierno: es allí donde deberán debatirse las reglas electorales para las elecciones generales de 2029. También es la instancia donde, según La Prensa de Panamá, debería discutirse la agenda anticorrupción, que en este quinquenio «ha pasado sin pena ni gloria».
El PRD también controla Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con Crispiano Adames, y Población, Ambiente y Desarrollo, cuya presidencia recayó en Arquesio Arias. Según La Prensa, Arias fue procesado en 2021 por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de violación sexual agravada y actos libidinosos, y fue declarado «no culpable». La comisión de Asuntos Indígenas, también en la órbita del PRD, se instalará próximamente con Flor Brenes al frente.
La bancada mixta completa el cuadro
El partido Alianza, integrante de la bancada mixta, se quedó con Relaciones Exteriores, bajo Joan Guevara, y con Comunicación y Transporte, dirigida por Osman Gómez.
El mapa final es inequívoco: la mayoría parlamentaria gobierna el Palacio Justo Arosemena y monopoliza los espacios donde se tomarán las decisiones que afectan la vida cotidiana de los panameños.
---
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión clásica en las democracias latinoamericanas: la distancia entre el discurso de la pluralidad y la lógica del reparto. Que el PRD se proclame oposición mientras controla cuatro comisiones —incluida la que diseñará las reglas del juego electoral de 2029— es un dato que los ciudadanos y los inversores que apuestan por la estabilidad jurídica de Panamá deberían anotar.
La concentración de poder en las comisiones no es solo un asunto de protocolo parlamentario. Es la trastienda donde se decide qué proyectos de ley avanzan, qué contratos se fiscalizan y qué reformas se archivan. Cuando una sola coalición controla 14 de 15 mesas de trabajo, el equilibrio de poderes deja de ser un principio operativo y se convierte en retórica. El presidente Mulino tiene ante sí una Asamblea que, en teoría, debería facilitarle la gobernabilidad; el desafío es que esa misma concentración puede convertirse en un cheque en blanco para el gasto y en un freno para cualquier reforma que incomode a los socios del pacto.
