La calle 67 con carrera 12 del barrio La Victoria, en Bucaramanga, se llenó de velas blancas la noche del martes 14 de julio. Familiares, vecinos y ciudadanos se congregaron desde las 7:00 de la noche para despedir a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven de 26 años abatido el día anterior durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —el ICE— en la zona de Biddeford, estado de Maine.
En ese mismo asfalto donde Durán Guerrero jugó de niño, su comunidad asimiló una tragedia que cruzó el continente. El acto fue también el inicio de un clamor colectivo de justicia y el punto de partida de los trámites para repatriar su cuerpo a Santander.
Nayibe Ayala, vecina que lo conoció desde la infancia, trazó el perfil del joven ante los medios de comunicación. «Lo vi crecer, lo vi graduarse de bachiller y siempre fue un joven de buen corazón. Era muy trabajador y juicioso, le ayudaba a sus papás y era muy dedicado a su hogar», declaró. Antes de emigrar, según Ayala, Durán Guerrero había prestado servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial durante el gobierno del expresidente Iván Duque, labor que él desempeñó con orgullo.
Hace tres años decidió emigrar junto a su compañera sentimental y su hija, que entonces tenía pocos meses de vida. En Maine se había establecido con dos empleos, realizaba domicilios y había adquirido un vehículo. Era, por definición, el perfil de quien llega a trabajar.
La versión oficial y la evidencia
El ICE argumentó que sus agentes buscaban a un migrante con orden de deportación y que, al intentar detener el carro que conducía Durán Guerrero, este trató de escapar usando el automóvil como un arma, lo que motivó los disparos.
Los hechos registrados contradicen ese relato. Registros de cámaras de seguridad y videos de residentes de Biddeford muestran el carro avanzando despacio mientras un oficial intenta abrir la puerta del conductor momentos antes de las detonaciones. La distancia entre ambas versiones es, en imágenes, notable.
El giro definitivo llegó con la declaración del senador estadounidense Angus King, quien confirmó que Johan Sebastián Durán Guerrero no era el sujeto contra quien iba dirigida la orden de captura. La confirmación corrigió los primeros reportes gubernamentales y colocó el caso en una dimensión distinta: un hombre sin orden en su contra murió en un operativo que no le correspondía.
El presidente Donald Trump, por su parte, declaró que el ICE «está haciendo un gran trabajo» y defendió los operativos pese a las muertes recientes de migrantes, según reportes de prensa.
La respuesta civil
Mientras las autoridades de ambos países procesan el caso, la respuesta de la sociedad civil fue inmediata. Los allegados de Durán Guerrero abrieron una campaña de recaudación en GoFundMe para financiar los costos legales, funerarios y el traslado del cuerpo. En pocas horas la campaña superó los 100 mil dólares mediante aproximadamente 1.800 donaciones, permitiendo avanzar en la logística para que el joven reciba el último adiós en Bucaramanga.
Los detalles cuentan la historia. Un hombre que prestó servicio militar, que emigró con su familia en busca de trabajo, que tenía dos empleos y había comprado un carro, murió en un operativo dirigido contra otra persona. La comunidad que lo vio crecer lo despidió con velas; la evidencia audiovisual contradice la versión oficial; y un senador estadounidense tuvo que corregir públicamente al gobierno federal.
Para Hemisferio, el caso plantea una pregunta que va más allá de la política migratoria: cuando el aparato estatal actúa con error de identidad y el resultado es irreversible, el estándar de rendición de cuentas no puede ser el mismo que aplica a una detención fallida. La familia de Durán Guerrero —su esposa, su hija, sus padres— no perdió a un expediente. Perdió al hombre que les ayudaba a salir adelante. Esa diferencia importa, y los hechos documentados exigen que importe también ante la justicia.
