La escena lo dice todo. En el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, desde las 11:00 horas del viernes, los abogados de Sergio Elías Jadue Jadue argumentaron que el tiempo ya hizo su trabajo: que los delitos de apropiación indebida y tributarios que investiga la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente habrían prescrito, y que corresponde decretar el sobreseimiento definitivo.
El tribunal escuchó. Y postergó su respuesta para el martes.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de octubre de 2015, cuando Jadue —entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)— fue citado como imputado a la Fiscalía de Las Condes. Un mes después abandonó Chile. Desde entonces, la causa chilena quedó suspendida en un limbo procesal que la defensa ahora intenta convertir en prescripción.
El fiscal Marco Paredes fijó su posición con precisión quirúrgica. Según su cálculo, el plazo de diez años comenzó a correr el 26 de enero de 2017, fecha en que Jadue fue formalizado en ausencia para tramitar la extradición desde Estados Unidos. Eso significa, en la aritmética del Ministerio Público, que la prescripción no se cumpliría sino hasta el 26 de enero de 2027. «Está con una solicitud de extradición activa por nuestro país y bueno, nosotros no podemos intervenir en la soberanía de Estados Unidos para poder apurar ese proceso», explicó Paredes, justificando así la ausencia de acciones recientes desde la fiscalía.
La defensa, en cambio, cuenta el tiempo desde otro punto de partida. El debate sobre cuándo empieza a correr el reloj es, en rigor, el corazón de la audiencia.
Mientras tanto, Jadue lleva una década instalado en Miami. En ese tiempo, su sentencia en el proceso estadounidense —donde admitió haber recibido sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar de manera irregular derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional— se ha postergado 16 veces. La más reciente demora fue registrada en octubre de 2023. A fines del año pasado, contrajo matrimonio en Miami con la empresaria Karen Reinoso.
Los detalles cuentan la historia. En febrero de 2016, la ANFP —encabezada entonces por Arturo Salah— se querelló contra quienes resultaran responsables por, entre otras cosas, el uso de fondos de la organización para financiar la defensa personal de Jadue en Estados Unidos. En mayo de ese mismo año, llegaron nuevas querellas contra cercanos al exdirigente: Rodrigo Grümberg Landeros, exgerente; Nibaldo Jaque, exdirector; y Mauricio Etcheverry, exasesor. A fines de ese mes, la querella alcanzó al propio Jadue y a Leonidas Lautari por trabajos personales que habrían sido pagados con fondos de la ANFP. En noviembre de 2016 se sumó otra acción judicial por el proceso de adjudicación del merchandising de la Copa América a Nicolás Abusada.
Un expediente que creció. Una extradición que nunca llegó. Y un tribunal que ahora debe resolver si el Estado chileno perdió su oportunidad de juzgar al exdirigente en su propio suelo.
Lo que está en juego el martes es más que la suerte procesal de un exfuncionario del fútbol. Es una pregunta sobre la capacidad del aparato judicial para sostener causas cuando el imputado simplemente cruza una frontera y espera. La solicitud de sobreseimiento no es un argumento de inocencia: es un argumento de tiempo. Y si prospera, el mensaje es inequívoco: la demora del sistema puede convertirse, para quien tenga los recursos y la paciencia, en una estrategia de salida.
El contribuyente chileno —que financia tanto la fiscalía como los tribunales— merece saber qué ocurre cuando una causa de esta magnitud queda atrapada durante una década en la geometría de la soberanía ajena y la burocracia propia. La justicia que no llega a tiempo no es justicia diferida: es, en los hechos, impunidad con fecha de vencimiento.
