La escena lo dice todo. El jueves 9 de julio, en el local partidario de Fuerza Popular en Lima, se sentaron frente a frente la presidenta electa y el hombre que cuida el despacho hasta el 28 de julio. No hubo protocolo de Estado. No hubo Palacio de fondo. Solo dos funcionarios, una conversación y el reloj marcando los días que quedan.
Keiko Fujimori describió el encuentro en pocas palabras. «Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos», dijo ante las cámaras. Añadió que Balcázar la invitó formalmente a Palacio de Gobierno para la semana siguiente, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones le entregue las credenciales de jefa de Estado electa. La fecha tentativa: el jueves en la mañana.
Balcázar, por su parte, enmarcó la visita como un gesto de continuidad institucional. Recordó que la felicitación a Fujimori llegó «desde el justo mismo día» en que el JNE la reconocía. Habló de diálogo, de inversiones en el sur del país, de un Perú que «gane» con el cambio. Le deseó «el mejor éxito» al gobierno entrante «para que gobierne en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna».
Los detalles cuentan la historia. Esa misma semana, Fujimori había recibido en su oficina de San Isidro a los alcaldes de Puno y Juliaca, Javier Ponce y Óscar Cáceres. El pedido central fue concreto: que la bancada de Fuerza Popular impulse en el Congreso una comisión investigadora para esclarecer las 54 muertes ocurridas durante las protestas sociales del gobierno de Dina Boluarte. «Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación para que no quede impune lo sucedido», declaró Ponce ante la prensa. Los burgomaestres también plantearon mayor inversión pública para la región, agua potable las 24 horas para Juliaca, el proyecto del Puerto Seco San Román y mayor descentralización del presupuesto nacional.
También ese miércoles, Rafael López Aliaga llegó a la sede de Fuerza Popular. El alcalde de Lima presentó su «Plan Sur» y propuso destinar la mitad de un crédito suplementario de 10.000 millones de soles a seguridad ciudadana. Planteó además un bloque de cuatro partidos para enfrentar la corrupción y la brecha social. La agenda de la presidenta electa se está llenando antes de que empiece el gobierno.
En paralelo, la diplomacia asoma como uno de los primeros frentes. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró ese mismo miércoles que aún no había tenido comunicación con Fujimori. Dejó en suspenso la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre tras el asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez. Fujimori, mientras tanto, recibió en su sede a un senador mexicano, sin que trascendieran los detalles de esa conversación.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. En tres días, la presidenta electa habló con el mandatario interino, con alcaldes del sur, con el jefe del gobierno municipal de Lima y con un legislador extranjero. La trastienda de una transición raramente es silenciosa. Esta no es la excepción.
Lo que emerge de esos encuentros es un perfil de gestión: escucha, agenda y plazos. Fujimori llega al 28 de julio con una lista de compromisos ya formada. La demanda de justicia por las muertes del sur, la inversión en infraestructura regional y la seguridad ciudadana no son peticiones menores. Son señales de que las regiones esperan resultados, no solo gestos.
Desde Hemisferio, el cuadro es alentador en lo que tiene de institucional. Una presidenta electa que recibe al mandatario saliente, que escucha a los alcaldes, que fija fechas y cumple el protocolo republicano: eso es exactamente lo que el libre mercado y la inversión privada necesitan como punto de partida. La estabilidad se construye antes de la toma de posesión. El relevo ordenado no es un detalle menor. Es la base de todo lo que viene.
