A las 4:00 de la madrugada del domingo 5 de julio, Mónica Núñez Marín llamó a un familiar en España desde el interior de un vehículo. Esa fue, según sus allegados, una de las últimas señales de vida. Nunca regresó a su residencia en México.
La escena lo dice todo: una mujer de 38 años, oriunda de Medellín, que había emigrado hace aproximadamente un año a ese país en busca de mejores oportunidades laborales, desapareció en la madrugada tras salir de una reunión en casa de una amiga identificada como Samanta, en el sector de Cerro del Judío, en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Salió acompañada de su perrita y solicitó un vehículo por aplicación para volver a casa. No volvió a comunicarse.
El último registro de geolocalización de su teléfono la situó en el sector de San Isidro, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Según el testimonio de su hija, Ximena Moreno Núñez, durante la llamada a España Mónica se encontraba dentro del vehículo junto a varios hombres. Posteriormente habría publicado un estado en redes sociales en el que aparecía acompañada por esas mismas personas.
La búsqueda fue intensa. Familiares solicitaron apoyo a las autoridades mexicanas, a la Embajada de Colombia y a organismos internacionales. La Fiscalía colombiana y las autoridades mexicanas activaron mecanismos de localización. Sin embargo, según indicaron los allegados a El Colombiano, no recibieron apoyo por parte de las autoridades mexicanas durante el proceso. Fueron ellos mismos quienes, a través de una amiga de Mónica, dieron con el cuerpo.
El desenlace llegó con la confirmación de su muerte: fue hallada sin vida tras un accidente de tránsito ocurrido en Querétaro, según informó su hija a ese diario. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento. La familia ha pedido que el caso sea esclarecido y que se investigue a todas las personas con las que Mónica tuvo contacto durante las horas previas a su desaparición.
A la tragedia humana se suma ahora la carga económica. Los familiares se encuentran recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo, que ascienden a 30.000.000 de pesos colombianos, y han solicitado la colaboración de quienes puedan apoyar la causa.
Mónica había llegado a México hace aproximadamente un año. Residía en ese país y trabajaba en una oficina dedicada a préstamos. Como miles de colombianos que emigran cada año en busca de lo que el mercado laboral local no ofrece, apostó por un nuevo comienzo en el exterior.
Los detalles cuentan la historia. El caso de Mónica Núñez no es solo una tragedia familiar: es el retrato de una vulnerabilidad estructural que el Estado colombiano no ha sabido resolver ni acompañar. Una ciudadana que emigró porque las condiciones en su país no bastaban, que murió en circunstancias que aún se investigan, y cuya familia tuvo que enterarse del hallazgo del cuerpo no por las autoridades, sino por una amiga. Esa ausencia del aparato estatal —tanto el mexicano como el colombiano— en los momentos más críticos es la falla que más duele.
Para Hemisferio, el caso también interpela a quienes gobiernan. En un país donde la emigración forzada por falta de oportunidades sigue siendo una realidad cotidiana, la pregunta no es solo quién mató a Mónica o cómo ocurrió el accidente: es por qué una mujer de 38 años tuvo que cruzar una frontera para encontrar trabajo digno, y por qué su familia hoy recauda dinero para traerla de vuelta.
