La escena lo dice todo. El ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano) lleva semanas construyendo lo que el gobierno de José Antonio Kast llama la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida por sus siglas ACOT. Ya hay 19 proyectos de ley en tramitación, otros nueve en carpeta y una reforma constitucional que el Ejecutivo quiere despachar antes de navidad. El ritmo es deliberado. El objetivo, declarado: golpear al crimen organizado con herramientas de rango constitucional.
Pero fue una sola pieza de ese andamiaje la que encendió el debate esta semana en el Senado: la propuesta de crear un registro de bandas criminales que elaboraría el Ejecutivo con control del Senado. En apariencia, un instrumento técnico. En la práctica, una pregunta de fondo sobre quién tiene el poder de etiquetar a una organización como criminal y qué consecuencias jurídicas arrastra esa etiqueta.
El senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, fue el primero en formularla en voz alta. «Si entrar a este registro puede significar, por ejemplo, incautación de bienes, afectación de derechos, incluso consecuencias penales, entonces estamos hablando no de una simple lista», advirtió. Y añadió una pregunta que resume el nudo político: «¿Corresponde que el Ejecutivo decida quién entra y que el Senado termina siendo de tribunal? A mi juicio, el Senado no está para reemplazar a los jueces».
Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro apuntó en la misma dirección. Hay que tener «cuidado», dijo, de dejar el asunto en «control político y no judicial, que es lo que corresponde». Castro fue más lejos: acusó que con estos anuncios «se busca de algún modo extremar posiciones y convertir una batalla que hoy día no se da en las calles en una batalla ideológica». Recordó además que la reforma requiere cuatro séptimos del Congreso, un quórum que obliga al gobierno a negociar con la oposición.
El senador Pedro Araya (PPD) eligió la cautela. Esperará el texto completo antes de fijar posición, dijo, aunque ya adelantó que varias de las medidas «ya están contempladas en la Constitución o en la ley, y otras no son más que ideas que ya impulsaron gobiernos anteriores». El mensaje implícito: la novedad puede ser menor de lo que el gobierno proclama.
La defensa más articulada vino del senador Cristián Vial (Ind-Rep), quien encuadró el registro como un instrumento «preventivo e investigativo», no punitivo. «Yo creo que es útil para la calificación institucional previa de determinadas organizaciones, una labor preventiva utilizable en investigaciones y en procesos penales también», sostuvo. Vial fue explícito en que el registro «no habilita la condena automática» y que la ley deberá definir el órgano competente, el estándar, el procedimiento, los efectos, la vigencia y la impugnación. En su lectura, la orientación es fundamentalmente preventiva.
Los detalles cuentan la historia. El debate no es sobre si Chile necesita herramientas más duras contra el crimen organizado —en eso hay consenso transversal— sino sobre la arquitectura institucional de esas herramientas. ¿Quién clasifica? ¿Con qué garantías? ¿Qué ocurre con los derechos del clasificado antes de que un tribunal intervenga? Son preguntas legítimas, y el gobierno aún no ha publicado el texto que las respondería.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La megarreforma ya fue aprobada; ahora viene la segunda etapa, más compleja, porque toca el texto constitucional y porque los quórums exigen alianzas que el oficialismo no tiene en solitario. El ministro Arrau tiene el calendario apretado: navidad como fecha límite, 28 iniciativas en movimiento simultáneo y una oposición que mezcla objeciones de principio con cálculo político.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el impulso del gobierno Kast merece reconocimiento: el crimen organizado es una amenaza real al estado de derecho y a la propiedad, y la inacción tiene costos que recaen sobre los ciudadanos comunes, no sobre la clase política. Pero la línea entre eficacia y arbitrariedad es fina. Un registro que el Ejecutivo construye y el Senado valida sin intervención judicial previa concentra un poder de etiquetado que, mal usado, puede convertirse en instrumento político. La prueba de fuego no es la intención declarada, sino el diseño legal: qué estándar probatorio, qué derecho de impugnación, qué independencia real del órgano que decide. Esas respuestas están en el texto que Chile todavía no ha visto.
