La escena lo dice todo. Alejandra Gómez, hija de un dirigente sindical arrestado en septiembre de 1973 y nunca más visto, tuvo que recurrir a la Corte de Apelaciones de La Serena para que el aparato estatal hiciera lo que el propio Estado se comprometió a hacer hace apenas tres años.
La Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla presentó una querella criminal ante la justicia chilena con un objetivo concreto: reactivar las diligencias por la desaparición forzada de siete personas detenidas entre septiembre y octubre de 1973 en esa localidad del norte del país, a unos 1.500 kilómetros de Santiago. La acción ya fue admitida a trámite.
El detonante no fue solo la lentitud de las investigaciones. Fue la señal presupuestaria. El Ejecutivo chileno, que públicamente ha reafirmado su respaldo al Plan Nacional de Búsqueda, anunció de forma paralela un recorte cercano a un millón de dólares al programa estatal encargado de coordinar esos esfuerzos. El Plan fue impulsado mediante decreto en 2023, coincidiendo con la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado, y busca esclarecer el destino final de 1.159 personas que aún permanecen desaparecidas.
«Enfrentamos un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad de las diligencias: no existiría un presupuesto claro ni una conducción clara para coordinar y concretar las decisiones judiciales del ministro a cargo de la causa», declaró Alejandra Gómez, presidenta de la agrupación y vocera de la querella.
Los detalles cuentan la historia. Según el documento judicial, miembros de Carabineros, personal del Ejército y funcionarios del cuerpo de Investigaciones arrestaron a los dirigentes políticos y sindicales de la zona industrial de Tocopilla en las primeras semanas tras el derrocamiento del gobierno constitucional. Los detenidos fueron trasladados primero a la Comisaría de Carabineros y luego a la Cárcel Pública de Tocopilla, recinto desde el cual las autoridades perdieron formalmente su rastro. Declaraciones testificales y documentos históricos apuntan a que los cuerpos habrían sido llevados a la mina «La Veleidosa», a unos 15 kilómetros del casco urbano. Investigaciones arqueológicas y forenses previas ya habían registrado el hallazgo de fragmentos óseos pertenecientes a algunas de las víctimas nombradas en el escrito.
La querella también denuncia la ejecución de inhumaciones y exhumaciones ilegales, y solicita que los familiares puedan intervenir formalmente en la recolección de pruebas. La presidenta de la agrupación señaló que no existen garantías para el desarrollo de las tareas de localización e identificación en los terrenos previamente señalados por los peritos de la causa.
El andamiaje institucional que debería sostener estas investigaciones recae principalmente en el Programa de Derechos Humanos, una oficina dependiente del Ministerio de Justicia que actúa como motor institucional para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, el Estado de Chile ejerce además el rol de parte querellante en decenas de causas penales por ejecución sumaria. El régimen que gobernó Chile durante diecisiete años causó más de 40.000 víctimas, incluyendo a más de 3.200 ciudadanos fallecidos en operativos de las fuerzas estatales.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de 2023 en que el decreto fue firmado con solemnidad conmemorativa. Un gobierno que convierte el dolor de las familias en capital político de aniversario y luego recorta el presupuesto operativo revela una contradicción que no es menor: la memoria proclamada en los discursos cuesta dinero real, técnicos reales, excavaciones reales. Cuando llega la hora de asignar recursos, la retórica cede ante la aritmética fiscal.
Hemisferio no ignora la legitimidad del reclamo de las familias ni la gravedad histórica de los crímenes documentados. Pero la lección de fondo apunta en otra dirección: cuando el Estado convierte una obligación jurídica en un programa de gobierno sujeto a vaivenes presupuestarios y ciclos electorales, son los ciudadanos quienes terminan financiando con su tiempo y su dolor la ineficiencia burocrática. Que sean los propios familiares quienes deban arrastrar al Estado ante los tribunales para que cumpla su propio decreto es, en sí mismo, el diagnóstico más elocuente del problema.
