La escena lo dice todo. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile —conocido como Mincap— publicó las bases de sus Fondos Concursables de Cultura 2027 y, antes de que terminara la semana, el sector cultural ya pedía explicaciones que nadie parecía dispuesto a dar.
Los números son los primeros en hablar. La convocatoria 2027 contempla $41.405 millones, frente a los $45.780 millones de la anterior edición: una reducción de 9,6%. Las mayores caídas se concentran en las Becas Chile Crea, con un recorte promedio de 52,6%. El Ministerio tuvo que salir a aclarar las cifras después de que la alarma y la confusión se extendieran por el sector.
Pero los números son solo la mitad del problema. La otra mitad está en las bases mismas.
Una restricción sin precedentes
Por primera vez en la historia de estos fondos, las bases incorporan una cláusula de inadmisibilidad basada en el contenido de los proyectos. La restricción remite al artículo 2 de la ley N°19.846 —la ley de calificación cinematográfica— y excluye proyectos con «contenido pornográfico» o «excesivamente violento». La cláusula aparece de forma transversal en todas las líneas: guion audiovisual, fomento al libro, artes escénicas, música.
Daniel Laguna, secretario ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual, defendió la medida: «Hay gente que piensa que una película que financia el Estado de Chile con los impuestos no debería ser pornográfica». Según Laguna, el antecedente concreto fue «el financiamiento de un festival de cine pornográfico, que tenía talleres». La Subsecretaría de las Culturas, liderada por Carlos Lobos, añadió por escrito que la exclusión «no tiene por objeto censurar» sino «focalizar los recursos en iniciativas que fomenten la producción cultural para una ciudadanía diversa».
Hasta ahí, la justificación oficial. Los problemas empiezan cuando se examina el instrumento elegido.
El problema técnico y el político
Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, señala una dificultad de fondo: la ley 19.846 «está pensada para cine, no excluye temas, sino que clasifica obras hechas». Aplicarla a proyectos en etapa de creación —que aún no existen como obra terminada— genera una inconsistencia jurídica difícil de resolver. «Tiene varias complejidades», resume Negrón.
El Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte) fue más directo: la modificación «introduce, por primera vez, un criterio de inadmisibilidad basado en los contenidos de proyectos que aún no existen como obra terminada» y la calificó como «el aspecto más preocupante» de las nuevas bases, por encima incluso del recorte presupuestario.
Oscar Contardo, escritor y exevaluador de proyectos, ilustró el riesgo con un ejemplo preciso: «Puedo describir una obra de teatro que transcurre en un prostíbulo y cuyo principal personaje es un hombre que está enamorado de una prostituta. Entonces, a alguien eso le puede parecer inmoral y estoy describiendo a La negra Ester».
Lo que agrava el cuadro es la opacidad del proceso. Wilfredo Rosas, consejero de las Artes Escénicas, reveló que los consejos asesores no tuvieron margen real de decisión: «Nos advirtieron claramente que era una directriz del ministerio. No podíamos rechazarla, o podíamos, pero no iba a influir en nada».
El plan que nadie ha visto
Negrón formula la pregunta que el gobierno no ha respondido: «¿Cuál es la evidencia que se tomó para estos cambios?». Las bases apelan a un «plan de acción 2026-2030» que, según la directora del Observatorio, no está disponible en ningún documento público. «Durante 30 años no había necesidad de señalar algo así y hoy día se consideró necesario. ¿Qué fue?», insiste.
Francisca Corvera, artista visual y creadora del sitio Fondos para Artistas, lo sintetiza con precisión: «Se disminuyen un poco los fondos, se hacen unos pequeños cambios en las bases y con eso parece que estuvieran rediseñando la política sin explicarla necesariamente».
La lectura de Hemisferio
El argumento de que el dinero de los contribuyentes no debería financiar pornografía es, en principio, razonable y legítimo. El problema no es el principio sino el instrumento: aplicar una ley de clasificación cinematográfica a proyectos teatrales o literarios que aún no existen crea un mecanismo de censura previa cuya subjetividad queda, por ahora, sin resolver. Que los propios consejos asesores —creados precisamente para evitar el dirigismo estatal en materia cultural— hayan sido informados de la decisión en lugar de consultados, dice más sobre el método que sobre la intención.
El recorte de 9,6% en un presupuesto cultural no es, por sí solo, dramático. Lo que sí merece escrutinio es la combinación: menos recursos, nuevas restricciones de contenido y un plan estratégico que nadie ha visto. Cuando el aparato estatal cambia las reglas del juego sin mostrar las cartas, la transparencia —no la censura— es siempre el primer damnificado.
