Durante décadas, el debate global giró en torno a cómo salir de los combustibles fósiles. Tres años atrás, en la COP28 de Dubái, 195 países alcanzaron por consenso un acuerdo «sin precedentes» para hacerlo. Desde entonces, los protagonistas de esta transición aseguran haber visto tanto el costo de esperar como la oportunidad de actuar.
André Corrêa do Lago y Bruce Douglas escriben que la dependencia fósil ya es una «responsabilidad», porque amenaza la seguridad energética y el desarrollo económico en todo el planeta. También afirman que el último año dejó avances significativos, con nuevas señales de que el giro hacia las renovables ya no es solo una promesa diplomática.
Entre esos hitos mencionan la clausura de la COP30, cuando anunciaron una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles hacia 2050. Ese plan revisa barreras, financiamiento, políticas y rutas distintas para países que parten desde puntos muy desiguales. La agenda, agregan, también fue reordenada para acelerar la implementación del Acuerdo de París y para impulsar una especie de multilateralismo a dos velocidades: una basada en países y consenso, y otra enfocada en aplicar decisiones sin requerir consenso.
En esa misma línea, señalan coaliciones promovidas bajo la Agenda de Acción Climática Global, incluida la que organizó la Conferencia de Santa Marta, convocada por Colombia y Países Bajos. El informe posterior, dicen, definió opciones para planificación nacional, inversión y cooperación internacional.
La trastienda de ese cambio ya dejó su primer ensayo concreto. Alemania se convirtió en el tercer país, después de Francia y Países Bajos, en publicar una hoja de ruta nacional para abandonar los combustibles fósiles. En la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, presentó el plan para eliminar gradualmente petróleo, carbón y gas hacia 2045, y enmarcó la dependencia fósil como una vulnerabilidad costosa.
El argumento económico aparece con fuerza en otro episodio: cuando la guerra contra Irán interrumpió el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, Brent superó los 100 dólares por barril. Según el texto, eso presionó los costos del combustible en todo el mundo y apretó tanto los presupuestos de los gobiernos como los de los hogares. Desde el inicio de la crisis, los precios inflados del petróleo y el gas habrían costado a los importadores 1.83 mil millones de dólares extra por día, sin beneficio adicional.
También citan a España y Brasil como ejemplos de menor exposición a esa volatilidad. A fines de abril, los precios mayoristas de la electricidad subieron más de 20% en algunos países europeos. En España, donde las renovables suministraban casi 60% de la electricidad, los precios habían bajado. Su inversión en energía renovable ayudó a amortiguar el golpe. En Brasil, con la mayor proporción de renovables en la matriz energética del G20, el impacto también habría sido mucho menos severo, porque muchos conductores pueden optar por etanol sostenible en lugar de gasolina en las estaciones de servicio.
Los datos que presentan buscan sostener una idea central: la sobredependencia fósil se volvió, en palabras de los autores, «inevitable, innegable e insostenible». Y la señal más clara de un punto de inflexión positivo, agregan, llegó en abril, cuando Ember confirmó en su revisión anual que las renovables superaron al carbón como la principal fuente de electricidad del mundo en 2025.
Desde esa plataforma, los autores defienden que la energía renovable es «la historia de crecimiento de nuestro tiempo», porque impulsa economías, crea empleos y fortalece la competitividad. Sostienen que los países capaces de construir electricidad renovable abundante y asequible, junto con redes para entregarla, pueden atraer industrias e inversión de la era eléctrica. También afirman que deben producir a escala los combustibles no fósiles necesarios para descarbonizar sectores difíciles de abatir, como el transporte aéreo y marítimo.
El impulso, dicen, sigue creciendo. Los países del Sudeste Asiático habrían publicado cuatro veces más políticas de largo plazo para energía renovable y electrificación que políticas fósiles desde la guerra de Irán. Y, según las Naciones Unidas, cada dólar invertido en energía renovable crea hasta tres veces más empleos que un dólar invertido en combustibles fósiles.
El cierre del planteo vuelve al mismo dilema: la transición necesita acelerarse. En 2025, el mundo añadió más capacidad eléctrica renovable que en cualquier año previo, pero la instalación debe avanzar más rápido. Para responder a esa exigencia, los autores plantean duplicar la potencia renovable desplegada en las redes eléctricas en los próximos cuatro años.
La lectura de fondo es clara: el giro energético ya no se discute solo como una causa ambiental, sino como una disputa por seguridad, costos y competitividad. Si las renovables pueden realmente proteger a países y hogares de la volatilidad fósil, el beneficio será tangible. Pero esa promesa no elimina la pregunta decisiva para gobiernos y contribuyentes: cuánto cuesta construir esa nueva matriz y quién financia el camino hasta allí.
Ahí está el desenlace político de esta historia. La transición puede ser presentada como una oportunidad histórica, pero también es una apuesta de gran escala sobre el dinero público, la infraestructura y la capacidad del aparato estatal para reordenar la economía sin erosionar empleo, inversión y acceso confiable a la energía. Lo que está en juego no es solo el clima, sino el precio de reemplazar el sistema que todavía sostiene al mundo.
