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El puente que se llevó el río: Guayabetal queda aislado y la Nación, en la mira

El colapso de El Ocal, tras el desprendimiento de sedimentos en dos cuencas, deja a una decena de veredas sin paso vehicular y traslada la presión hacia Bogotá para que Invías y Mintransporte respondan con obra, no con comunicados.
Imagen ilustrativa
viernes 4 de septiembre de 2026

El miércoles 2 de septiembre, cuando las lluvias arreciaron sobre Cundinamarca, nadie en Guayabetal imaginó que el puente El Ocal no llegaría al jueves. Según las autoridades, el incremento de las precipitaciones provocó el desprendimiento de sedimentos en las cuencas de los ríos Negro y Blanco. Ese material terminó golpeando la plataforma de la estructura hasta derribarla. La escena lo dice todo: una vía que conectaba a diez veredas quedó cortada de un día para otro.

El colapso activó de inmediato los protocolos de emergencia. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, instruyó al director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, William Rozo, y a su gabinete, que se desplazaran al territorio para acompañar al alcalde de Guayabetal, José Simón Mejía. La Gobernación precisó que ya venía participando en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo del municipio y que técnicos en geología e hidráulica habían realizado visitas previas a la zona, antes de que el puente cediera.

Esa trastienda importa: la administración departamental no llegó a Guayabetal por sorpresa, sino que ya monitoreaba un terreno que sabía inestable. El desenlace, sin embargo, no dependió solo de la vigilancia local. La fuerza del agua y los sedimentos superó la infraestructura existente, un recordatorio de que la prevención técnica, sin obra nueva y sin mantenimiento, tiene límites.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, fue el primero en trasladar el asunto a la escala nacional. En un mensaje público, expresó su solidaridad con las familias de Guayabetal y de la decena de veredas afectadas, y dirigió un llamado directo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a Invías y al Ministerio de Transporte para que actúen ante la emergencia. El gesto marca un punto: la responsabilidad de reconstruir una vía nacional no recae en la alcaldía ni en la gobernación, sino en las entidades que dependen del Ejecutivo central.

Mientras esa respuesta llega, la gobernación no esperó. Rey ordenó al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCUGOB) iniciar nuevos estudios del terreno para definir las condiciones y los diseños de una futura estructura. Es la diferencia entre anunciar y ejecutar: el departamento ya tiene un instituto trabajando sobre el terreno mientras el llamado a Bogotá apenas se formula.

Para mitigar el aislamiento inmediato, las autoridades anunciaron la construcción de una tarabita, el sistema de cables que permitirá que alimentos, víveres y suministros lleguen a las familias que quedaron sin paso vehicular. En paralelo, se trabaja en habilitar una ruta alterna que partirá de El Ocal, pasará por San Antonio, Conucos, Las Mesas y el sector Las Z, hasta conectar con Gutiérrez. Son soluciones de emergencia, no una reconstrucción definitiva, y las autoridades locales lo saben: se espera que en los próximos días mantengan presencia en el territorio para definir salidas más duraderas.

Los detalles cuentan la historia. Un puente que cede por acumulación de sedimentos no es solo un fenómeno natural: es también el resultado de años de inversión insuficiente en vías secundarias que conectan zonas rurales con los circuitos económicos del país. Cada vereda aislada representa cosechas que no salen, insumos que no entran y comercio que se detiene mientras se instala una tarabita improvisada.

El llamado del presidente del Senado a la UNGRD, a Invías y al Ministerio de Transporte pone el foco donde corresponde: en la capacidad del Gobierno nacional para responder con obra pública oportuna, no solo con protocolos de emergencia. La gobernación de Cundinamarca ya mostró que la gestión técnica y la reacción rápida son posibles a escala departamental. La pregunta que queda abierta es si esa misma velocidad se replicará cuando la decisión —y el presupuesto— dependan de Bogotá.

Para las familias de Guayabetal, mientras tanto, la prioridad no es institucional sino práctica: que la tarabita funcione, que la ruta alterna se habilite pronto y que el nuevo puente, cuando finalmente se construya, resista la próxima temporada de lluvias mejor que la anterior.

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