La escena lo dice todo. Un hombre de manos agrietadas, parado sobre una montaña de concreto triturado, explica con voz quebrada que su madre sigue enterrada en el apartamento 605 de la torre 26. Lleva tres semanas cavando. No con maquinaria oficial, no con brigadas del Estado. Con sus propias manos y las de sus vecinos.
Cuando se cumplen tres semanas de los dos terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, los familiares de víctimas atrapadas en los edificios OPP de La Guaira —específicamente en las torres 26, 27 y 28— denunciaron este jueves 16 de julio la ausencia de apoyo institucional del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Los testimonios fueron recogidos por el corresponsal de Voz de América en Venezuela, Álvaro Algarra, desde el lugar de la tragedia.
«Mi mamá está enterrada en el 605. Con mis propias manos estoy cavando junto a mis compañeros. El pueblo es el que me está ayudando totalmente. Vecinos, familias… aquí no hay gobierno», declaró uno de los familiares, visiblemente afectado.
Las palabras no dejan margen a la interpretación. Decenas de rescatistas voluntarios, colaboradores y allegados trabajan de manera ininterrumpida entre las estructuras colapsadas. El Estado, según quienes están en el lugar, se ha hecho presente de otra forma: con cámaras.
«Vinieron a grabarnos y a decir que había apoyo», denunció el mismo familiar, «pero se están burlando de nuestras caras, de los muertos y de todos los que seguimos aquí bajo este sol buscando a nuestros familiares».
Las visitas oficiales, según los testimonios recogidos por Voz de América, se han limitado a registrar imágenes sin traducirse en asistencia concreta. Maquinaria prometida, apoyo institucional anunciado: los familiares lo cuestionan todo.
Los detalles cuentan la historia. Los edificios cedieron en cuestión de segundos, y las losas quedaron completamente apiladas unas sobre otras, lo que convierte cada metro de avance en una operación de ingeniería improvisada. Los voluntarios necesitan linternas, guantes, botas de seguridad y discos de corte para poder continuar removiendo columnas y estructuras de concreto. «Las columnas están demasiado complicadas y eso necesita corte al 100%», señaló el familiar.
Son herramientas básicas. No tecnología de punta, no equipos especializados de búsqueda y rescate: linternas y guantes. Eso es lo que piden, tres semanas después de la tragedia, en un estado que el gobierno venezolano administra desde Caracas a pocos kilómetros de distancia.
Sobre las posibilidades de encontrar sobrevivientes, el familiar reconoció que las esperanzas son prácticamente inexistentes dada la magnitud del colapso. Aun así, aseguró que los voluntarios no abandonarán la búsqueda mientras existan cuerpos por recuperar. No buscan ya un milagro. Buscan poder enterrar a sus muertos con dignidad.
Al cierre del reporte de Álvaro Algarra, los familiares reiteraron sus críticas por lo que consideran una insuficiente atención de las autoridades ante una de las mayores tragedias ocurridas recientemente en el estado La Guaira. La fuente también reportó que al menos 14 personas seguían atrapadas bajo los escombros de las residencias Coralmar en la misma zona.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela. Tres semanas después, el Estado sigue brillando por su ausencia en los escombros de La Guaira, y son los ciudadanos —sin equipos, sin respaldo institucional, bajo el sol— quienes sostienen lo que debería ser una operación de rescate coordinada por el aparato estatal.
Lo que ocurre en las torres OPP no es solo una tragedia sísmica: es el retrato de un Estado que ha perfeccionado el arte de la presencia mediática y la ausencia real. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez gestiona las imágenes, los ciudadanos gestionan los escombros con las manos. El costo de esa brecha no se mide en presupuestos ni en decretos. Se mide en cuerpos que esperan ser recuperados en el apartamento 605.
