La escena lo dice todo. El 6 de agosto de 2026, en una sala de prensa en Ciudad de México, Verónica Ruffo se presentó ante las cámaras no como figura política sino como hija. Su padre, Ernesto Ruffo Appel —el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México—, lleva semanas recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México, a sus 74 años.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 tras una investigación descrita por las autoridades como de «alta complejidad», relacionada con presuntas grandes operaciones de robo de combustible. Los cargos formales son delincuencia organizada y huachicol fiscal. El nombre del exgobernador surgió durante las pesquisas sobre Ingemar, empresa que fundó y que desde 2025 es objeto de investigación por presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos y evasión de impuestos.
Ese mismo 6 de agosto, integrantes del nuevo partido Somos México —conformado principalmente por representantes de la oposición mexicana—, académicos y familiares del exgobernador anunciaron la creación de un comité plural para exigir su liberación. Verónica Ruffo será la responsable de coordinar esta instancia, definida como «plural, ciudadana y no partidista».
«Este comité surge a raíz de que, tanto en lo personal como las personas que me han acompañado, hemos recibido mensajes de ciudadanos y organizaciones en apoyo a la defensa de mi padre y para que se haga justicia», declaró Ruffo durante la conferencia de prensa.
Entre las prioridades anunciadas figura «velar por la salud y los derechos humanos» del exfuncionario. Familiares e integrantes de Somos México calificaron la situación como la de un «preso político» y anunciaron una estrategia nacional e internacional para visibilizar el caso, así como acciones en defensa del debido proceso.
El comunicado del comité fue directo en su diagnóstico: «El uso político de las instituciones de procuración e impartición de justicia constituye un riesgo para cualquier democracia».
Los detalles cuentan la historia. Ruffo Appel gobernó Baja California entre 1989 y 1995, abanderado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN). Su victoria en aquel entonces rompió décadas de hegemonía priista y marcó un hito en la transición democrática mexicana. Que ese mismo hombre esté hoy en el Altiplano —la prisión de máxima seguridad donde el Estado mexicano recluye a capos del narcotráfico— es una imagen que la oposición no piensa dejar pasar en silencio. El caso de Ruffo Appel se suma, según la fuente, a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos implicados en la red de huachicol fiscal.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El aparato de procuración de justicia bajo el gobierno actual ha acumulado una lista de detenciones de figuras ligadas a la oposición o al mundo empresarial, cada una acompañada de cargos graves y cada una contestada con la misma acusación desde el otro lado: persecución política. El gobierno no ha respondido públicamente a las demandas del comité.
Desde Hemisferio, el ángulo es inevitable: cuando el Estado utiliza la figura del crimen organizado para procesar a un político de 74 años que gobernó hace más de tres décadas, la carga de la prueba no puede quedar enterrada en expedientes clasificados. La opacidad no es garantía de rigor; es, con frecuencia, la antesala del abuso. El debido proceso no es un privilegio de los inocentes: es la única valla que separa a cualquier ciudadano del poder arbitrario del aparato estatal. Que sea precisamente el primer gobernador opositor de México quien enfrente estas condiciones de reclusión no es un detalle menor. Es, en sí mismo, un mensaje sobre el estado actual del Estado de derecho en México.
