La escena lo dice todo. Ocho departamentos del norte del país sacudidos por una emergencia climática declarada en febrero. Un gobierno que incorporó $8,6 billones al Presupuesto General de la Nación para atenderla. Y, con corte a mayo, una ejecución efectiva de exactamente 0%.
Eso es lo que reveló el Ministerio de Hacienda en su informe de cierre del primer semestre: aunque cerca de tres cuartas partes de esa adición presupuestal —$6,39 billones— ya fueron comprometidas en papel, no se han generado obligaciones ni pagos. En términos concretos, ningún bien, ningún servicio, ninguna obra ha llegado a las comunidades afectadas.
El dato mayor tampoco invita al optimismo. Del presupuesto total de $555,8 billones, al 30 de junio se comprometieron $297,8 billones, se obligaron $229,7 billones y los pagos efectivos alcanzaron $227,1 billones. La ejecución global llegó a 41%, apenas por encima del promedio histórico de los últimos 25 años —38,1%—, pero si se excluye el servicio de la deuda, el indicador cae a 39,6%.
Veinte sectores presentan rezagos presupuestales. Los peores registros corresponden a la Presidencia de la República, con 4,4% de ejecución; Transporte, con 15,6%; y el propio Ministerio de Hacienda, con 26,8%. Los detalles cuentan la historia: el aparato estatal que administra el dinero de los contribuyentes es, al mismo tiempo, uno de los que menos lo mueve.
En el otro extremo, Deporte y Recreación encabeza la lista con 54,2%, seguido por el Congreso de la República con 52% y Educación con 49,9%, todos excluyendo el servicio de la deuda. Los completan Energía con 49,4% y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 49,1%.
El rubro de deuda pública ofrece su propia lectura. De $100 billones apropiados, al cierre de junio las obligaciones alcanzaron 49,2% y los pagos 48,1%. La deuda interna —$62 billones— registró una ejecución de 56,2%, muy por encima de la deuda externa —$38,4 billones—, que llegó a 38% en obligaciones y 35,2% en pagos. La Contraloría, según información publicada por El Colombiano, ya alertó que el servicio de la deuda absorberá $118 billones del presupuesto de 2027 y desplazará el crecimiento de la inversión.
En inversión, de los $89,5 billones asignados se comprometió 62,3% —$55,8 billones—, pero las obligaciones solo llegaron a 30,5% y los pagos a 30%. El Ministerio de Hacienda también señala una alta concentración: solo 12 sectores acaparan 88,6% del presupuesto de inversión, con asignaciones por $79,3 billones.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de febrero cuando el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica por el «frente frío». La declaratoria habilitó recursos extraordinarios, generó expectativas en las comunidades y dotó al ejecutivo de herramientas presupuestales de excepción. Cuatro meses después, esos recursos permanecen paralizados en la burocracia.
Desde Hemisferio, el cuadro es difícil de interpretar de otra manera: un Estado que gasta con fluidez en el servicio de su propia deuda —casi 50% ejecutado— pero que no logra traducir los recursos de emergencia en obras reales revela una inversión de prioridades. El dinero de los contribuyentes colombianos fluye con más facilidad hacia los acreedores que hacia los ciudadanos en apuros. La pregunta que el gobierno Petro no ha respondido es cuánto tiempo más necesita la burocracia para convertir un compromiso presupuestal en un puente reparado o un techo reconstruido. A este ritmo, la emergencia habrá pasado antes de que llegue el primer peso.
