La escena lo dice todo. Mientras los operarios trabajaban hasta las once de la noche en el norte de Barranquilla, cerca de la Vía 40, el edificio del histórico Batallón Paraíso tomaba una nueva forma. Ventanas nuevas, puertas repuestas, un avance cercano al 80 % según reveló Caracol Radio. El destino de esa remodelación: convertirse en sede alterna del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
La decisión no es arbitraria. De la Espriella, cordobés de origen, reside desde hace años en la capital del Atlántico junto a su familia, y esa cercanía con la costa Caribe figura entre las razones que explican su apuesta por gobernar también desde allí. Pero el proyecto va más allá de la comodidad personal: el mandatario electo lo ha enmarcado como una apuesta por la descentralización, un giro respecto al modelo que concentra el poder ejecutivo en Bogotá.
Según la información disponible, la sede barranquillera no estaría lista para el 7 de agosto, fecha de posesión. En Bogotá, De la Espriella no ocuparía la Casa de Nariño sino el Palacio de San Carlos, actual sede de la Cancillería. A esas dos ciudades se suman Medellín y Cali, donde también habría sedes alternas del gobierno.
El Batallón Paraíso, cuya edificación entró en funcionamiento en 1938, ocupa 51 hectáreas que limitan con varios barrios residenciales y opera como centro de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. De la Espriella destacó en su alocución dominical que el complejo cuenta desde hace años con un búnker subterráneo diseñado para proteger al jefe de Estado en escenarios de crisis. Desde allí, dijo, funcionará una sala de mando para monitorear y coordinar en tiempo real las acciones contra estructuras del narcotráfico y otras organizaciones criminales.
Pero los detalles cuentan la historia, y en este caso los detalles son financieros. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que el departamento aportó alrededor de 2.000 millones de pesos para las obras de remodelación, y añadió que parte del financiamiento provino de donaciones privadas: ventanería, puertas y otros elementos fueron donados por empresarios, según sus palabras. «La gente lo que quiere es que el Presidente tenga totalmente las comodidades necesarias para que pueda ejercer sus funciones desde la ciudad de Barranquilla», afirmó Verano.
De la Espriella contradijo esa versión. En su intervención dominical insistió en que no se construye una sede presidencial nueva, sino que se adecua una infraestructura ya existente. Afirmó que las obras se financian con presupuesto propio y con aportes voluntarios de empresarios barranquilleros. En cuanto al mobiliario, cuyo costo estimó en 700 millones de pesos, anunció que será pagado con recursos personales y que hará públicas las facturas correspondientes. También rechazó las comparaciones visuales del edificio con la Casa Blanca, atribuyéndolas a similitudes con el estilo arquitectónico neoclásico presente en algunas zonas de Barranquilla.
El edificio de la Aduana, según fuentes citadas por El Colombiano, estaba siendo desocupado —incluidas varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla— para quedar a disposición del equipo del mandatario electo, donde despacharían los ministros más cercanos.
El apoyo del clan Char a De la Espriella durante la campaña añade contexto político a la elección de Barranquilla como eje de este modelo descentralizado.
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Para Hemisferio, el fondo del asunto no es estético ni logístico: es institucional. La pregunta que queda abierta —y que el propio De la Espriella deberá responder con las facturas que prometió— es si el financiamiento mixto de una infraestructura destinada al Estado cumple con los estándares de transparencia que cualquier gobierno debe garantizar desde el primer día. Que parte de los fondos provenga de donaciones privadas de empresarios con intereses en la región no es, en sí mismo, un escándalo; pero sí es una zona gris que el nuevo presidente tiene el deber de iluminar.
La descentralización, en cambio, merece un juicio más generoso. Acercar el poder ejecutivo a las regiones es un principio que el libre mercado y el gobierno limitado comparten con el federalismo: las decisiones se toman mejor cerca de donde se sienten sus consecuencias. Si De la Espriella convierte ese gesto simbólico en política real —con instituciones funcionando fuera de Bogotá, no solo con un escritorio en el Caribe—, habrá dado un paso que Colombia lleva décadas postergando.
