Para entender el presente hay que volver a esa semana. Semanas atrás circuló un anteproyecto que puso en alerta a todo el ecosistema del libro argentino: la posible derogación de las leyes 25.542 —de defensa de la actividad librera y precio único— y 25.446 —de fomento a la lectura—. Este martes, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados convocó a representantes del sector para que expusieran sus argumentos.
La reunión, presidida por la diputada Lorena Pokoik, reunió a escritores, editores, libreros y gráficos. La escena lo dice todo: frente a los legisladores desfilaron el escritor Vicente Battista, en calidad de vicepresidente 3° de la Sociedad Argentina de Escritores; Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión Argentina de Escritores y Escritoras; Javier Piccolo, coordinador de la Red de Editoriales Universitarias Nacional; Damián Cabeza Porley, tesorero de la Cámara Argentina de Librerías Independientes; y Matías Velázquez, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, entre otros.
El impulso desregulador tiene nombre y apellido. El ministro Federico Sturzenegger, a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sostuvo en su cuenta de X que derogar la ley 25.542 alentaría una baja en el precio de los libros. A finales de julio, el presidente Javier Milei había respaldado públicamente el proyecto. Consultado por LA NACION sobre si el proyecto llegaría al Congreso, Milei respondió que «la dinámica legislativa de los proyectos la determina la mesa política».
La senadora Patricia Bullrich, en cambio, dijo este martes que el proyecto no había ingresado al Congreso y que se trataba de «un comentario que hizo un funcionario». La trastienda del oficialismo, al menos en público, no muestra una posición unificada.
Los argumentos del sector fueron directos. Guerrieri advirtió que el «trabajo de los escritores pierde» si se deroga la ley 25.542 y que la iniciativa favorece a «las plataformas multinacionales, que decidirán qué se publica y qué no, empobreciendo la oferta». Sobre la promesa de precios más bajos, fue categórico: «Pensar que lo harán con una baja del precio del libro es una ingenuidad o una hipocresía, cosa demostrada tanto por los países que cuentan con una ley de este tipo como por los que carecen de ella». Piccolo, por su parte, afirmó que la ley de precio único «ha permitido la ampliación de las librerías independientes, las librerías de barrio y en diferentes puntos del país».
En cuanto a la ley 25.446, Guerrieri señaló que su derogación «desampara a los escritores autoeditados», un segmento que crece año a año. Se indicó además que varios artículos de esa norma ni siquiera fueron reglamentados por el Estado.
La sesión tuvo un momento de tensión adicional: también se trató la disolución por decreto del Coro Nacional de Niños. Los integrantes del coro cantaron durante la reunión. Según relató Battista a LA NACION, los diputados libertarios «hablaron entre ellos» durante la actuación, lo que provocó que el padre de uno de los chicos —quien dijo haber votado a Milei— «los insultó a grito pelado».
Al margen del debate central, el diputado Agustín Rossi presentó un proyecto de resolución para reconocer la obra del escritor santafesino Juan José Saer, firmado por dieciséis legisladores de la oposición. Ni los diputados del PRO ni los libertarios lo apoyaron.
---
El debate sobre el precio único del libro es, en el fondo, un debate sobre qué tipo de mercado se quiere construir. Hemisferio defiende la libre empresa y la desregulación como principios, pero la evidencia que el propio sector presenta merece una respuesta seria: si la eliminación del precio único no garantiza libros más baratos —como sugieren las experiencias internacionales citadas por los expositores—, entonces el argumento del consumidor queda en el aire. Lo que sí parece claro es el desenlace probable de una desregulación sin red: la concentración del mercado en manos de grandes plataformas digitales, que no son precisamente el modelo de libre empresa descentralizada que beneficia al lector de barrio ni al librero independiente. El gobierno de Milei tiene razones para revisar regulaciones heredadas, pero la carga de la prueba —demostrar que el precio baja y la oferta se amplía— todavía está pendiente.
