El ajuste quincenal de combustibles que entró en vigor el 24 de julio no fue una noticia más para los habitantes de Bocas del Toro. En el archipiélago, el galón de diésel quedó en $5.44 y la gasolina en $5.14. En las provincias de Panamá y Colón, esos mismos productos costaban $4.81 y $4.76, respectivamente. La diferencia —63 centésimos en el diésel— no es un tecnicismo tarifario: es la distancia entre operar con márgenes ajustados y operar en pérdida.
La Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro lo dijo sin rodeos en un comunicado: el incremento es «desproporcionado» y no puede tratarse como un simple ajuste comercial. El gremio solicitó la intervención inmediata de la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
La lógica del reclamo es geográfica antes que política. Bocas del Toro es un archipiélago: no hay red nacional de transmisión eléctrica que llegue a buena parte de sus islas, de modo que viviendas, hoteles, restaurantes y clínicas generan su propia electricidad con plantas que consumen combustible. El transporte de pasajeros y mercancías se hace por agua. La distribución de alimentos depende de lanchas y botes. Cada centavo que sube el galón de diésel se replica en cadena: flete, electricidad, alimento, habitación de hotel, consulta médica.
Según la Cámara, el incremento aplicado al diésel en el archipiélago fue prácticamente el mismo porcentaje que el registrado a nivel nacional. El problema no es la variación relativa sino el precio absoluto de llegada, que ya era más alto antes del ajuste y que ahora se aleja todavía más del referente nacional.
El comunicado describe un territorio que ya venía golpeado: disminución del flujo turístico, pérdidas comerciales, incertidumbre entre empresarios e inversionistas, afectaciones ambientales recientes y aumento sostenido de costos operativos. El alza de combustibles llega, según el gremio, en el peor momento posible.
Las demandas concretas del sector privado son cuatro. Primero, una inspección y auditoría integral en las estaciones de combustible del archipiélago para verificar precios autorizados, márgenes de comercialización, costos de transporte marítimo, almacenamiento y distribución, y la cantidad y calidad del combustible despachado. Segundo, la publicación de un desglose transparente de los componentes que determinan el precio final en Isla Colón, comparado con Changuinola y otras regiones. Tercero, la evaluación de un mecanismo especial de estabilización para territorios insulares. Cuarto, la instalación de una mesa de trabajo entre Gobierno, reguladores, distribuidores, autoridades locales y representantes del sector productivo.
Ninguna de esas cuatro solicitudes implica subsidio directo ni control de precios discrecional. Lo que pide la Cámara es transparencia en la formación del precio y un marco regulatorio que reconozca la condición insular del archipiélago.
Los detalles cuentan la historia. Bocas del Toro no está conectada a la red eléctrica nacional. Su economía depende del turismo y del mar. Cuando el combustible sube, no hay alternativa de sustitución a corto plazo: no hay gasoducto, no hay tren, no hay carretera submarina. El mercado insular es, por definición, cautivo de quien distribuye.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el caso ilustra un principio que los gobiernos de la región suelen ignorar: la regulación que no distingue entre territorios con infraestructura distinta no es regulación neutral, es regulación que castiga a los más aislados. Un mecanismo de estabilización diseñado para islas no es un privilegio; es el reconocimiento de que el libre mercado funciona mejor cuando la información es transparente y los costos de transporte están auditados. Lo que la Cámara de Bocas del Toro le pide al Gobierno Mulino no es intervención arbitraria: es que el aparato estatal haga lo mínimo que justifica su existencia —verificar que los precios reflejen costos reales y no márgenes opacos—. El contribuyente panameño, y sobre todo el residente de Isla Colón, merece esa respuesta.
