La escena lo dice todo. El miércoles, frente al Obelisco de Buenos Aires, cientos de investigadores se congregaron bajo una consigna que mezcla alarma y dramatismo: «cientificidio». Detrás de la palabra, un conjunto de datos que los propios científicos pusieron sobre la mesa ante la consulta de medios.
El diagnóstico más concreto lo ofreció Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del CONICET. Según su relato, desde el cambio de gobierno los salarios en el organismo se depreciaron «entre un 38% y un 45%, dependiendo del escalafón». A eso sumó que «entre el 70% y el 80% de las líneas clásicas de financiamiento» dependientes de la Agencia Nacional de Promoción de Innovación, Ciencia y Tecnología quedaron «prácticamente paralizadas». La Secretaría de Ciencia y Técnica, señaló, lleva tres semanas sin titular tras la renuncia del licenciado Darío Genua, quien aún no ha sido reemplazado. El presupuesto de financiamiento, según Geffner, «se redujo un 80%».
Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, aportó otra cifra: la inversión en ciencia se ubica hoy «entre el 0,13% y el 0,14% del PBI», aproximadamente la mitad —o menos— de lo que recibía el sector bajo la administración anterior. La ley vigente establece como meta acercarse al 1% del PBI hacia 2030. La brecha, en números, es enorme.
Golombek también describió las condiciones salariales concretas: «Un becario o becaria de investigación percibe poco más de un millón de pesos y un investigador con muchos años de formación y posdoctorado ronda el millón ochocientos mil». El financiamiento para proyectos, dijo, «es inexistente o, cuando existe, resulta irrisorio».
Raquel Chan, doctora en biotecnología agrícola e investigadora superior del CONICET y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, puso el acento en el capital humano: «Estamos perdiendo lo más valioso, que son las personas formadas de edad intermedia y jóvenes. Las becas son pocas y magras, los ingresos a carrera no los dan, no hay financiamiento. Exportamos recursos humanos super especializados a cambio de nada».
Alberto Kornblihtt, biólogo molecular del CONICET, habló de «destrucción por ahogamiento presupuestario» y detalló que el Gobierno no solo no convocó nuevos subsidios sino que tampoco ejecutó los ya aprobados. Señaló además que se cancelaron becas posdoctorales que «tradicionalmente se continuaban» hasta definir el ingreso a la carrera de investigador, con alrededor de mil personas en lista de espera.
Kornblihtt también aludió a la dimensión política del conflicto: según su relato, el sistema científico-técnico ha sido caracterizado públicamente como «un sistema de acomodos y de ñoquis», lo que —a su juicio— «genera sentido común en la población» y ha sido aprovechado por el gobierno actual.
Geffner extendió el diagnóstico más allá del CONICET: «Lo mismo ocurre en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con despidos, retiros voluntarios y sin incorporación de nuevas personas».
Golombek cerró con una advertencia sobre los tiempos: «Revertir esta situación requerirá mucho tiempo, recursos, el regreso de investigadores y la reconstrucción de equipos de trabajo que se están desintegrando».
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Los hechos son los hechos: salarios que perdieron entre un tercio y casi la mitad de su valor real, convocatorias paralizadas y una secretaría sin conducción son señales de un sistema bajo presión severa. Hemisferio no desconoce que el ajuste fiscal de la administración Milei tiene una lógica: Argentina llegó a este punto después de décadas de gasto público sin respaldo productivo, y el CONICET no estuvo exento de críticas legítimas sobre eficiencia y rendición de cuentas.
Pero el libre mercado que esta casa defiende no es sinónimo de Estado ausente en la formación de capital humano de alta especialización. Los países que el gobierno dice admirar —y que los propios investigadores citan como contraste— invierten de forma sostenida en ciencia básica y aplicada, con o sin ideología de por medio. El verdadero costo del desmantelamiento no aparece en el presupuesto de este año: aparece en la próxima década, cuando el país intente competir sin los equipos que hoy se dispersan. Esa es la cuenta que nadie está haciendo en voz alta.
