La escena lo dice todo. El 30 de marzo de 2025, en el KI Convention Center de Green Bay, Elon Musk —el hombre más rico del planeta— subió al escenario y entregó en mano dos cheques de un millón de dólares a ciudadanos de Wisconsin. Tres días después se celebraba la elección al Tribunal Supremo estatal. Hoy, esa imagen tiene consecuencias legales.
La Wisconsin Elections Commission, integrada por tres demócratas y tres republicanos, votó 5 a 1 en sesión cerrada el pasado jueves para remitir dos denuncias confidenciales —provenientes de Milwaukee y Green Bay— a la fiscalía del condado de Brown. El organismo encontró causa probable de que Musk violó la ley estatal de soborno electoral «al publicar en redes sociales una oferta de un millón de dólares a individuos que votaran en la elección al Tribunal Supremo de 2025 con el fin de inducirlos a votar», según informó el Milwaukee Journal Sentinel. El fiscal del condado, David Lasee, tiene 40 días para notificar a la comisión su decisión sobre si presenta cargos.
La trastienda de los cheques
La historia arranca en una publicación de Musk en X a finales de marzo de 2025: «El domingo por la noche daré una charla en Wisconsin. La entrada está limitada a quienes hayan votado en la elección al Tribunal Supremo. También entregaré personalmente dos cheques de un millón de dólares en reconocimiento por tomarse el tiempo de votar. Esto es sumamente importante». Horas después, Musk matizó que la entrada era para quienes hubieran firmado la petición contra «jueces activistas» y que los cheques serían para dos personas que actuarían como portavoces de esa petición.
El aparato político de Musk fue más lejos. Su America PAC entregó otro cheque de un millón a un votante de Wisconsin que firmó la petición días antes del rally. El PAC también ofreció 100 dólares a votantes registrados que firmaran la petición o refirieran a alguien para hacerlo.
Musk y las organizaciones que financió o controló gastaron más de 20 millones de dólares en la campaña del entonces juez Brad Schimel, candidato republicano. En total, los apoyos de ambos bandos superaron los 100 millones de dólares, la cifra más alta jamás registrada en una elección judicial en la historia de Estados Unidos. Schimel perdió ante la demócrata Susan Crawford, que preservó la mayoría progresista en el Tribunal Supremo estatal.
Los argumentos y los tribunales
El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, presentó una demanda el 28 de marzo de 2025 —un día después de la primera publicación de Musk— para impedir la distribución de los cheques. Los abogados de Musk respondieron que una medida cautelar «restringiría el discurso político de Musk y limitaría sus derechos bajo la Primera Enmienda», y que los pagos buscaban «generar un movimiento popular contra los jueces activistas, no abogar expresamente a favor o en contra de ningún candidato». Los tribunales estatales rechazaron bloquear los pagos y el Tribunal Supremo de Wisconsin denegó la petición de emergencia de Kaul sin explicar su razonamiento.
En junio de 2025, el Wisconsin Democracy Campaign y dos votantes presentaron una demanda civil alegando soborno electoral, lotería no autorizada, conspiración civil ilícita y molestia pública. Esa causa, pendiente en el condado de Brown, busca prohibir a Musk ofrecer pagos similares en futuras elecciones.
No es la primera vez que los giveaways de America PAC llegan a los tribunales. En la recta final de las elecciones presidenciales de 2024, el PAC sorteó un millón de dólares diario entre votantes registrados en siete estados bisagra que firmaran una petición en defensa de la Primera y Segunda Enmiendas. El fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, demandó a Musk alegando lotería ilegal en Pensilvania, pero el juez Angelo Foglietta rechazó la medida cautelar.
En mayo pasado, Musk declaró que reduciría de forma significativa su gasto político. «En cuanto al gasto político, voy a hacer mucho menos en el futuro», afirmó. «Creo que ya he hecho suficiente».
Lo que está en juego
El caso plantea una tensión real entre libertad de expresión y la integridad del proceso electoral. Los abogados de Musk tienen razón en señalar que la línea entre discurso político financiado y soborno electoral es objeto de disputa genuina en los tribunales. Pero la comisión bipartidista —con republicanos incluidos en la mayoría— no encontró esa línea tan difusa: votó 5 a 1.
Para Hemisferio, el principio en juego no es menor. La libre empresa y el derecho a gastar en política son valores que este medio defiende. Pero el dinero de los contribuyentes no financia este proceso: lo financia el bolsillo de un solo hombre que, con 20 millones de dólares, intentó inclinar la balanza de un tribunal estatal. Cuando el mercado de las ideas se convierte en un mercado de votos al contado, la pregunta no es ideológica. Es institucional.
