La escena lo dice todo. Sentado frente a Luis Majul en LN+, el presidente Javier Milei eligió la crisis de Ceuta como telón de fondo para anunciar una postura que en Argentina tiene consecuencias concretas: los extranjeros deberían pagar por la salud pública y la universidad. «Estoy de acuerdo con que paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud argentino. Eso de que vienen, usan nuestros recursos y después se van, no. Estoy de acuerdo absolutamente», dijo el mandatario.
El Presidente aclaró que su gobierno no tiene «ningún problema» con la inmigración y recordó que Argentina es un país «armado por inmigrantes». Sin embargo, trazó dos condiciones para una política migratoria que considera coherente. La primera: no se puede diseñar esa política sin considerar la existencia de un estado de bienestar que absorbe el costo. La segunda: cuando quien ingresa «no respeta la cultura, se produce una invasión».
El argumento económico es el más directo. Si el Estado financia servicios con impuestos de los residentes y ciudadanos, extender esos beneficios sin contraprestación a quienes no contribuyen al sistema es, en la lógica de Milei, un subsidio cruzado que nadie votó. El debate no es nuevo en Argentina, pero pocas veces un presidente lo había formulado con tanta claridad.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. En Ceuta, cerca de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos en pocas horas, impulsadas por convocatorias en redes sociales, en un episodio que dejó decenas de muertos y desató una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera española. Milei usó el episodio para cuestionar a la Unión Europea: «Lo que sucedió es una política deliberada planteada por la Unión Europea que se llama multiculturalismo. El gran problema de Europa es que compró todas las estupideces del wokismo y no dejó ninguna».
El mandatario también apuntó contra Pedro Sánchez. Según Milei, el presidente del Gobierno español «usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él, así puede extender su tiranía». Son señalamientos que Milei formuló en voz propia, sin presentar documentación de respaldo en la entrevista.
En ese mismo tramo, Milei recurrió a Antonio Gramsci —el teórico marxista de la hegemonía cultural— para describir lo que llamó una «etapa 2.0» de infiltración ideológica: «Se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Eso lo hizo Cristina Kirchner. Abrió esta puerta. Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores». La afirmación sobre «terroristas» no fue acompañada de pruebas en la entrevista.
El Presidente también reiteró, sin presentar evidencia, que una campaña antiargentina fue financiada por Brasil, México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y el entorno de Pedro Sánchez en España, junto al kirchnerismo local.
En el capítulo Brasil, Milei redobló la apuesta en medio de la tensión diplomática entre ambos países. Volvió a llamar «ladrón y corrupto» al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que fue liberado por «una falla procesal» y no por inocencia. «Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar», sostuvo. También reclamó simetría: «Omiten los insultos de Lula y sus ministros, los de Petro, los de Evo Morales, Correa, Pedro Sánchez y su gente».
Los detalles cuentan la historia. En una sola entrevista, Milei tocó tres frentes simultáneos: la política de servicios públicos para extranjeros, la crisis migratoria europea y la disputa regional con los gobiernos de izquierda. El hilo conductor es siempre el mismo: el costo del Estado y quién lo paga.
Desde Hemisferio, la propuesta de cobrar servicios a extranjeros responde a una lógica de libre mercado elemental: los bienes no son gratuitos, solo tienen dueños distintos, y en este caso el dueño es el contribuyente argentino. Que un presidente lo diga en voz alta, sin el eufemismo burocrático de «acceso universal», es en sí mismo un giro. La pregunta que queda abierta es si el aparato estatal argentino tiene la capacidad administrativa para implementarlo, o si la declaración quedará como señal política sin traducción normativa. En cualquier caso, el principio está sobre la mesa.
