La escena lo dice todo. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerraba acuerdos de último minuto en los pasillos del Congreso, a pocas cuadras un grupo de alcaldes de oposición preparaba el punto de prensa más incómodo de la semana. El Senado acababa de aprobar, por 27 votos contra 22, el artículo que define cómo se compensará a los municipios chilenos por la eliminación del pago de contribuciones a adultos mayores. La denominada megarreforma del gobierno había cruzado su último obstáculo legislativo. El problema, según quienes la cuestionan, no es lo que se aprobó sino a quién favorece.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, no eligió palabras: «Hoy ha sido un día negro para el municipalismo, para los municipios de Chile, pero principalmente para los vecinos y vecinas de las comunas más populares». Su diagnóstico es aritmético. Según sus cifras, el mecanismo aprobado destina cerca de 13 mil millones de pesos a la sola comuna de Las Condes y unos 30 mil millones de pesos en total a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, las tres comunas de mayor ingreso del país. En el otro extremo, Cerro Navia recibiría 5 millones de pesos, San Ramón 3 millones, Lo Espejo 4 millones, Lo Prado 4 millones y la propia Quinta Normal 50 millones.
Los detalles cuentan la historia. Delfino también mencionó que el presupuesto per cápita de Cerro Navia es de 140 mil pesos, un dato que ilustra la brecha estructural que, según los críticos, la reforma no solo no corrige sino que profundiza.
La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sintetizó la queja en términos que difícilmente admiten matiz: «De los 80 mil millones que se van en compensación directa a los municipios, la mitad es para seis comunas y el resto de las 339 municipalidades tendremos que ver cómo administramos la otra mitad». Su lectura es que los contribuyentes en general —vía impuestos generales— terminarán financiando la compensación de los municipios más ricos, mientras las comunas populares quedan con migajas.
El alcalde de Cerro Navia, Claudio Tamayo, fue el más confrontacional. Responsabilizó directamente al ministro Quiroz por el resultado y lo calificó, según sus propias palabras, como «el ideólogo de la colusión». La acusación, que Tamayo formuló en voz propia, mezcla el debate tributario con episodios anteriores de política económica y coloca al ministro en el centro de la polémica. «Ha ganado el abuso», dijo, y prometió articular municipios y organizaciones sociales para revertir lo que describió como un modelo de distribución injusto.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La votación no habría sido posible sin el voto del senador Pedro Araya, del PPD, quien se desmarcó de parte de la oposición y permitió reunir los votos necesarios. Tampoco habría llegado a buen puerto sin el acuerdo que Quiroz cerró horas antes con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona: a cambio de su respaldo, se incorporó un mecanismo de financiamiento para la reconstrucción de la Región de Coquimbo. La trastienda legislativa, como casi siempre, fue tan decisiva como el debate en el pleno.
Delfino, por su parte, planteó que la controversia debe abrir paso a una nueva Ley de Rentas Municipales que reduzca las diferencias estructurales entre comunas. Es, en el fondo, la admisión de que el problema no nació con esta reforma: lleva décadas incubándose en un sistema municipal que distribuye recursos según la base tributaria de cada territorio, no según sus necesidades.
Hemisferio observa aquí una paradoja que el oficialismo prefiere no nombrar. Una reforma presentada como redistributiva termina, al menos en su componente municipal, reforzando la concentración de recursos en las comunas que ya los tienen. El aparato estatal, cuando diseña compensaciones sin corregir la estructura subyacente, suele reproducir —y a veces ampliar— las desigualdades que dice combatir. El dinero de los contribuyentes fluye hacia donde el peso político y la base tributaria son más fuertes, no necesariamente hacia donde la necesidad es mayor. Que sean alcaldes de izquierda quienes lo denuncien con más fuerza dice algo sobre la magnitud del problema. El desenlace real de esta megarreforma no se medirá en votos del Senado, sino en los presupuestos comunales del próximo año.
