La escena lo dice todo. Familias removiendo escombros con las manos, más de 17.000 personas sin vivienda y hospitales dañados que debían haber sido los primeros refugios. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron recientemente la región central de Venezuela no fueron solo un evento geológico: fueron la factura de décadas de negligencia institucional.
Los números son brutales. Cerca de 5.000 fallecidos y más de 16.000 heridos, según cifras recogidas por El Nacional. Y detrás de cada cifra, una pregunta que el país evita: ¿cuánto de esto era evitable?
El 80% que nadie atendió
Feliciano de Santis, ingeniero y presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, no da rodeos. El 80% de la población venezolana habita en zonas de alta amenaza sísmica, sobre los sistemas de fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar. Lo saben los geólogos, lo saben los ingenieros, lo sabe cualquiera que haya revisado un mapa tectónico del país. Lo que no existió fue la voluntad política de traducir ese conocimiento en política pública sostenida.
«Se hacen esfuerzos. De vez en cuando tú ves a alguien que hace un simulacro de evacuación, alguien por aquí publica unas recomendaciones, pero no forma parte de unas políticas sostenidas en el tiempo y ahí es donde está el detalle», advierte De Santis.
El diagnóstico es preciso: cuando los sismos destructores ocurren muy espaciados en el tiempo, la cultura antisísmica se erosiona. La prevención deja de ser prioridad. Los simulacros se vuelven foto, no protocolo.
El problema es de fondo, no de folletos
De Santis es categórico en un punto que suele incomodar a quienes prefieren soluciones de comunicación sobre soluciones de ingeniería: de nada sirve entrenar a la población si los edificios son trampas mortales.
«¿De qué sirve que entrenemos a los muchachos en evacuación, en autoprotección, si tenemos unas edificaciones vulnerables? O sea, sería como engañar, como vender una falsa expectativa», explica el especialista.
Hospitales que colapsan. Escuelas que no resisten. El experto califica de injustificable que, con el nivel actual de conocimiento y tecnología disponible, estas estructuras sigan sufriendo daños severos en cada sismo. No es un problema de ignorancia técnica: es un problema de cumplimiento, supervisión y control.
Ahí entran las alcaldías. Según De Santis, los municipios encargados de otorgar permisos de construcción presentan severas deficiencias técnicas y de supervisión. Su propuesta es concreta: doble control, con oficinas externas que revisen los proyectos estructurales cuando los cuerpos municipales no tengan capacidad para hacerlo. «Tiene que haber un cambio de barajeo del juego completamente», dice.
Autoconstrucción y vulnerabilidad acumulada
El crecimiento sin control de las barriadas populares mediante autoconstrucción representa, en palabras del ingeniero, «niveles de riesgo inmensos». En el último sismo, algunas zonas marginales asentadas sobre roca firme no sufrieron el mayor impacto. Pero De Santis advierte que un sismo con epicentro cercano a Caracas tendría consecuencias desastrosas.
Rehabilitarlo todo es, reconoce, económicamente utópico. Ni siquiera países con mayor riqueza y mayor orden institucional lo han logrado. Pero hay un «punto cero» posible y urgente: dejar de sembrar vulnerabilidad hacia el futuro. Que los edificios nuevos cumplan las normas. Que los extremadamente vulnerables sean intervenidos. Que la normativa sismorresistente alcance el nivel del estado del arte mundial.
«Yo me conformaría con que no sigamos sembrando vulnerabilidad», dice De Santis.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Dos terremotos en pocos días no crearon la crisis: la revelaron. Venezuela lleva décadas construyendo sobre fallas geológicas con la misma lógica con la que construyó sus instituciones: sin supervisión real, sin cumplimiento efectivo, sin rendición de cuentas.
Lo que está en juego no es solo la cultura antisísmica. Es la diferencia entre un Estado que regula, exige y fiscaliza —protegiendo la vida y la propiedad de sus ciudadanos— y un aparato burocrático que otorga permisos sin revisar proyectos y publica recomendaciones sin implementar políticas. Cuando el suelo tiembla, esa diferencia se mide en muertos. El libre mercado puede construir mejor; pero sin normas que se cumplan y sin instituciones que las hagan cumplir, el resultado es el que Venezuela acaba de vivir.
