La escena lo dice todo. Un puente de 6,400 millones de dólares canadienses lleva años terminado, sus carriles vacíos sobre el río Detroit, mientras dos gobiernos pelean por quién se queda con los peajes. El desenlace llegó el viernes pasado: Canadá aceptó ceder una parte de las ganancias netas de operación a un fondo de desarrollo regional administrado por Estados Unidos, y el Puente Internacional Gordie Howe abrirá el 27 de julio.
Los detalles cuentan la historia. Según funcionarios familiarizados con el acuerdo — que pidieron anonimato —, Canadá compartirá el equivalente a la mitad de las ganancias operativas, una vez descontados los gastos de funcionamiento, durante 15 años. Ese fondo será administrado por Washington. El texto original del convenio suscrito entre Canadá y el estado de Michigan no será modificado formalmente; lo que existe es un acuerdo paralelo que reasigna una parte de los ingresos iniciales de los peajes.
El proyecto tenía fecha de apertura en junio. Fue el secretario de Comercio Howard Lutnick quien frenó la inauguración y empujó una renegociación para obtener mayor participación en los ingresos. Dos semanas de negociaciones intensas después, Ottawa cedió. El presidente Donald Trump celebró el resultado en Truth Social, calificándolo de «un acuerdo mucho mejor para Estados Unidos».
La trastienda tiene más capas. El puente Gordie Howe fue financiado íntegramente por Canadá para competir con el ya existente Puente Ambassador, cuya propiedad privada ha bloqueado durante años la expansión de la capacidad fronteriza. Los dueños del Ambassador realizaron recientemente una donación significativa a un grupo político alineado con Trump — dato que los protagonistas de esta negociación no ignoraban.
Bajo las condiciones originales, Canadá cobraría los peajes hasta recuperar la inversión de construcción; después, los ingresos se repartirían en partes iguales entre Ottawa y Michigan. Esa arquitectura legal no cambia. Pero el acuerdo paralelo introduce una nueva capa de distribución que, según los funcionarios, no afectará la participación que eventualmente recibirá Michigan.
El gobierno canadiense también aceptó buscar el consentimiento de Washington para ciertos ajustes de tarifas que no respondan a condiciones de mercado. Cualquier aumento superior al 10 por ciento requerirá aprobación estadounidense, según los funcionarios consultados. La Autoridad del Puente Windsor-Detroit trabajará de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos en esa materia.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, celebró el cierre del acuerdo. «El Puente Internacional Gordie Howe siempre ha sido un gran acuerdo para nuestro estado», declaró en un comunicado. Mike Rogers, candidato republicano al Senado por Michigan — estado considerado una de las principales oportunidades para que el Partido Republicano gane un escaño en este ciclo electoral —, confirmó en redes sociales que habló con Lutnick y que el puente abrirá «pronto».
El contexto comercial más amplio pesa sobre cada detalle. Trump decidió no renovar el T-MEC y activó en su lugar un proceso de revisiones anuales. El acuerdo del Gordie Howe, según Lutnick, es un asunto independiente de esas negociaciones — pero la secuencia de eventos sugiere que Ottawa lo calculó como moneda de gestión política.
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión que Ottawa no ha sabido resolver: cómo preservar activos estratégicos financiados con dinero del contribuyente canadiense cuando la administración Trump convierte cada punto de acceso en una palanca de negociación. Canadá invirtió 4,500 millones de dólares estadounidenses en infraestructura soberana y termina cediendo parte de sus retornos futuros para obtener permiso de operarla. El libre mercado no funciona cuando un solo actor puede bloquear la apertura de un puente terminado; pero tampoco funciona cuando el Estado financia megaproyectos sin blindar jurídicamente sus ingresos. El Gordie Howe abrirá el 27 de julio. El costo real de ese día todavía se está contando.
