La escena lo dice todo. El martes 4 de agosto, Luis Caldera, gobernador del Zulia, convocó a los medios para presentar el Estado Mayor de Contingencia ante el fenómeno «Súper Niño». Monitoreo de embalses, control de incendios forestales, sustitución de transformadores, suma de carga a Termozulia y apagado de aires acondicionados en edificios públicos los fines de semana. Un listado de medidas que, según el propio Caldera, responde a lo que describió como «una emergencia climática» avalada por «todos los sistemas de Naciones Unidas».
Dos días después, el jueves, la Cámara de Comercio de Maracaibo reunió a empresarios y periodistas. Allí, el consultor político y empresarial Efraín Rincón puso en palabras lo que muchos en la sala ya calculaban: «Observamos al gobernador, pero no nos habla de soluciones, nos habla de un programa para enfrentar al Súper Niño, y ese programa sencillamente es menos agua potable en las tuberías y menos electricidad en los hogares, en los comercios y en las empresas».
Los números que citó Rincón no admiten eufemismos. Según un estudio al que hizo referencia, el 99 % de los hogares marabinos enfrenta interrupciones diarias del servicio eléctrico. La afectación en los Andes alcanza el 98 %, y en Caracas llega al 82 %. El problema, dijo, «ya se deszulianizó»: «Es un tema nacional que nos afecta a todos».
Lo que antes era una crisis regional se convierte, según el análisis del consultor, en una fractura que recorre al país de norte a sur. Y con ella llega algo que Rincón señaló como un cambio de contexto: «Ahora tenemos la posibilidad de manifestar públicamente este descontento y esta situación tan calamitosa. Ahora observamos elementos de protestas sociales directamente por la electricidad».
El apagón tiene además una dimensión que va más allá del calor y la sed. Rincón apuntó al impacto sobre la conectividad: «Hay hogares que no tienen la infraestructura para preservar el internet cuando no hay servicio eléctrico. La rapidez del servicio ha disminuido sustancialmente con el problema eléctrico. Es un paso atrás en los esfuerzos del sector privado y de los venezolanos para mantenernos conectados e informados en una sociedad donde informarse es fundamental».
Desde la Gobernación, Caldera defendió sus medidas como una respuesta responsable ante una crisis global. «No tenemos por qué tener aires encendidos en algunas instituciones sábado y domingo», afirmó, y agregó que el plan incluye información de Protección Civil para que los ciudadanos tomen «acciones de carácter personal y familiar» ante la exposición al sol, con énfasis en personas con patologías. También reconoció que el fenómeno «no tiene, por lo menos a corto plazo, posibilidades de resolverse».
Los detalles cuentan la historia. Un gobernador que convoca un Estado Mayor y cuyo principal anuncio concreto es apagar los aires del sector público los fines de semana. Un consultor que, frente a la Cámara de Comercio, resume el plan oficial en dos palabras: menos y menos. Y una cifra —99 de cada 100 hogares marabinos sin luz de forma cotidiana— que describe, con precisión aritmética, el estado real de la infraestructura.
Para Hemisferio, la lectura es inevitable: cuando el aparato estatal no puede garantizar los servicios más básicos, el costo lo absorbe el ciudadano, el comercio y la empresa privada. Los generadores, los filtros, las baterías de respaldo y el agua embotellada son gastos que la burocracia no registra en ningún presupuesto oficial, pero que el bolsillo de los venezolanos sí conoce con precisión. El «plan de contingencia» no resuelve la crisis energética; la administra hacia abajo, transfiriendo la carga al sector que menos capacidad tiene de soportarla. Eso no es gestión de emergencia. Es la descripción de un Estado que llegó tarde y que, al menos en esta ocasión, lo admite.
