La escena lo dice todo. Empresas y familias venezolanas intentan reponer bienes materiales destruidos por los terremotos de junio mientras el aparato tributario del Estado sigue su marcha habitual. Para el asesor y coordinador del blog Gerencia y Tributos, Camilo London, esa combinación es insostenible.
London lo planteó con claridad en el programa A Tiempo de Unión Radio: hace falta un decreto del Ejecutivo nacional que establezca un alivio fiscal concreto para las zonas afectadas. No es una petición nueva, pero los terremotos le dan urgencia renovada.
«Hay competencias que le corresponden al Ejecutivo nacional; como por ejemplo el establecimiento general de una prórroga para el cumplimiento de obligaciones tributarias de algunas zonas del país, es algo que debe venir de un decreto del Ejecutivo», explicó el especialista. Las herramientas legales, añadió, ya existen: «Las facultades están establecidas en el código orgánico tributario para ello».
El especialista también apuntó hacia el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Aclaró que la superintendencia no tiene facultad para modificar una ley o reglamento, pero sí puede actuar dentro de su ámbito: «hacer algo muy importante» en materia de recaudación para «aminorar el trámite burocrático que representa el cumplimiento de obligaciones formales». London fue específico en ese punto: se puede dar una orientación a los funcionarios de la administración tributaria para que sean «más flexibles o menos punitivos».
La trastienda del reclamo es más profunda que el desastre natural. London recordó que antes de los terremotos ya existía en distintos sectores la demanda de un alivio tributario orientado, principalmente, a reducir cargas impositivas que calificó de «muy elevadas en nuestro país» y que, según su análisis, generan rémora para el sector productivo. El sismo no creó el problema; lo agravó y lo volvió imposible de ignorar.
Los detalles cuentan la historia. Una empresa que perdió maquinaria, inventario o infraestructura en junio no solo enfrenta el costo de la reposición; enfrenta también los vencimientos ordinarios de sus obligaciones fiscales, sin prórroga, sin flexibilidad declarada y sin señal oficial de que el Estado reconoce la magnitud del golpe. Para una persona natural en la misma situación, la presión es idéntica, con menos recursos para absorberla.
La propuesta de London tiene dos carriles distintos. El primero requiere voluntad política al más alto nivel: un decreto presidencial que suspenda o prorrogue el cumplimiento de obligaciones tributarias en las zonas afectadas. El segundo carril es administrativo y no necesita ese paso: bastaría con una instrucción interna al Seniat para que sus funcionarios apliquen criterios menos punitivos mientras dure la emergencia. Ninguno de los dos carriles ha sido activado, según se desprende del planteamiento del especialista.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de junio. Los terremotos llegaron sobre una economía ya sometida a una presión fiscal que el propio sector privado venía denunciando. La recuperación de bienes materiales exige liquidez; la liquidez es exactamente lo que las obligaciones tributarias ordinarias drenan. El círculo es vicioso y, en este caso, documentado.
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Desde la perspectiva de Hemisferio, el caso venezolano ilustra un principio que trasciende la emergencia: cuando la carga tributaria es estructuralmente elevada, cualquier choque externo —un terremoto, una recesión, una disrupción de mercado— multiplica su efecto destructivo sobre la libre empresa y sobre las familias. El alivio fiscal no es generosidad del Estado; es el reconocimiento de que el dinero de los contribuyentes debe servir primero a quienes lo generan, no al mantenimiento de una burocracia recaudadora que no distingue entre tiempos normales y catástrofes.
La pelota está en el Ejecutivo. Que un decreto sencillo, con base legal ya existente en el propio código orgánico tributario, no haya llegado semanas después de los terremotos dice algo sobre las prioridades del aparato estatal. Las empresas y las personas que intentan reconstruir no pueden esperar indefinidamente a que la política encuentre el momento oportuno.
