La escena lo dice todo.
Dos hombres echan a correr en cuanto ven a los policías sobre las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo. La carrera dura poco. Cuando los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México los interceptan, el hallazgo habla por sí solo: 25 dosis de marihuana, un arma de fuego corta con cargador y cuatro teléfonos celulares.
Uno de los detenidos no era un operador menor. Carlos Ramón «N», conocido como «El Perrillas», de 32 años, es señalado por las autoridades capitalinas como jefe de sicarios y líder de una facción del Cártel de Tláhuac. El otro, Roberto Pascal «N», de 25 años, es identificado como presunto narcomenudista de la misma célula delictiva.
Dos entradas, misma puerta
El cruce de información que siguió a la detención reveló un dato que incomoda: «El Perrillas» cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino, ambos por delitos contra la salud. No es un desconocido para el Estado. Es, en todo caso, un conocido que volvió.
Roberto Pascal, por su parte, registra una presentación anterior ante el Ministerio Público por el mismo tipo de delito.
Además de los cargos derivados del operativo, ambos son relacionados por las autoridades con una agresión a disparos de arma de fuego ocurrida frente a un salón de eventos sociales en Tláhuac. Ninguno de los dos está, por ahora, en la calle: fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
El Cártel de Tláhuac y la Ciudad
El Cártel de Tláhuac es una de las organizaciones criminales con mayor arraigo territorial en la capital mexicana. Opera principalmente en las alcaldías del sur y oriente de la ciudad, y su historia reciente incluye disputas violentas por el control de plazas y rutas de distribución de drogas al menudeo. La captura de un presunto jefe de sicarios —aunque sea en circunstancias aparentemente fortuitas, producto de una patrulla en campo— representa, según la SSC, un golpe a esa estructura.
Los detalles cuentan la historia. No fue un operativo de inteligencia de largo aliento ni el resultado de una investigación coordinada entre fuerzas federales y locales. Fue, según la versión oficial, el resultado de dos hombres que corrieron al ver una patrulla. Esa imagen, más que cualquier comunicado, resume el estado de la seguridad pública en la capital.
Lo que revelan los números
Dos ingresos penitenciarios por delitos contra la salud. Libertad recuperada. Ascenso dentro de la estructura criminal hasta llegar, según las autoridades, a la jefatura de sicarios de una facción. El ciclo que describe la trayectoria de «El Perrillas» no es una anomalía: es un patrón que se repite con una regularidad que debería alarmar a cualquier gobierno comprometido con el estado de derecho.
La pregunta que queda en el aire —y que el aparato oficial no responde en su comunicado— es por qué alguien con dos antecedentes por delitos contra la salud pudo no solo recuperar la libertad, sino consolidar un rol de liderazgo violento dentro de una organización criminal activa en la ciudad más poblada del país.
Lectura de Hemisferio
La detención de «El Perrillas» es una buena noticia en sentido estricto: un presunto jefe de sicarios está fuera de circulación. Pero el contexto obliga a matizarla. Cuando el Estado captura por tercera vez a alguien que ya pasó dos veces por sus prisiones sin que eso interrumpiera su carrera criminal, el éxito operativo no puede ocultar el fracaso sistémico.
Lo que está en juego no es solo la seguridad de los vecinos de Tláhuac o Miguel Hidalgo. Es la credibilidad de un sistema de justicia que, bajo la administración actual, ha privilegiado el discurso de la «no confrontación» sobre la desarticulación real de las estructuras del crimen organizado. Mientras el aparato estatal capitalino celebra capturas que el propio sistema devuelve a la calle, la libre empresa, el comercio y la vida cotidiana de millones de ciudadanos siguen pagando el costo de esa ecuación.
